Excarcelaciones: Kicillof anunció ampliación de cárceles y apuntó contra Conte Grand

El gobernador Axel Kicillof anunció esta mañana que la Provincia apurará las obras en cárceles de la Provincia para contar con 1.350 nuevas plazas, al tiempo que denunció una campaña para responsabilizar a su gestión por el otorgamiento de prisiones domiciliarias a detenidos en medio de la pandemia de coronavirus. Y, en ese marco, apuntó contra el Procurador General, Julio Conte Grand, por omitir en una resolución firmada para instruir a los defensores oficiales que pidan excarcelaciones que ese beneficio no debía solicitarse para quienes hayan sido condenados por delitos violentos.

En una conferencia de prensa que brindó junto a los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof buscó salir al cruce de los cuestionamientos en su contra al afirmar que su gobierno "no solo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves. Y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan" y que la Suprema Corte de Justicia "ponga orden y claridad en esta situación" con un fallo que se espera para los próximos días. 

La conferencia fue convocada en medio de la controversia abierta por la resolución del Tribunal de Casación bonaerense sobre un hábeas corpus colectivo que habilitó el otorgamiento de prisiones domiciliarias para presos en riesgo de contraer coronavirus. El fallo firmado por el juez Víctor Violini se convirtió en disparador de una polémica. Desde que se inició la pandemia, según los registros oficiales del Ministerio de Justicia de la Provincia, fueron excarcelados 2.200 internos, que tuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

En ese marco, insistió hoy con que la decisión sobre liberar o no detenidos  es una decisión de la Justicia."Quién va a la cárcel, quien tiene una prisión domiciliaria es una decisión del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo”, afirmó el mandatario bonaerense y denunció que “hay una campaña con un objetivo que es dañar al Gobierno y tratar de generar miedo”.

Kicillof dijo que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan". "Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer", afirmó, en referencia al planteo contra la resolución de Violini elevado por el fiscal de Casación Carlos Altuve y que ahora debe resolver el máximo tribunal.

En tanto, apuntó contra el Procurador Julio Conte Grand por omitir, en una resolución firmada en marzo en la que instruía a defensores a pedir domiciliarias, que se beneficio no se podía solicitar para quienes cometieron delitos violentos.  "La resolución 158 del Procurador de la Provincia, que fue nombrado por la Procuradora Vidal en su gestión, la tomó el 18 de marzo. Lo que hace es instruir a los defensores, que dependen de él, a impulsar prisiones domiciliarias para la población en riesgo de contraer coronavirus. Yo la leí con mucho detalle, se basa en instrumentos internacionales, como la ONU, que en el contexto de coronavirus habían promovido las prisiones domiciliarias. ¿Y el Procurador qué hace? Omite en esa resolución señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido un delito violento, delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, a mano armas, con violencia. No lo dice Conte Grand", detalló.

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Con todo, dijo que "no le toca" a él atribuirle responsabilidad a Conte Grand por esa resolución. "Simplemente señalo que,  cuando se consultó al Ministerio de Justicia, nosotros dijimos que tenía que tenerse en cuenta al momento de otorgar una domiciliaria no solo las condiciones de salud, el riesgo, sino además el tipo de delitos" por los que los internos estaban condenados.

Kicillof y Alak anunciaron en tanto que la Provincia invertirá unos 800 millones de pesos para finalizar la ampliación de unidades carcelarias y alcaidías en el interior de la Provincia, el Conurbano y La Plata para habilitar 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense.  Y cargó fuerte contra la anterior gestión provincial al decir que cuando asumió la situación carcelaria era de "emergencia", con 15 mil reclusos en huelga de hambre y deudas sin pagar. "En poco tiempo solucionamos esa situación", afirmó.

"Lo tenemos que hacer porque en lo que a nosotros nos corresponde. Tenemos que defender a los trabajadores del Servicio Penitenciario. Si hay crisis sanitaria al interior obviamente la capacidad hospitaliaria para el resto de la población se ve afectada. Es un problema de toda la comunidad", aclaró con respecto a las obras.

Por su parte, el que se expresó en muy duros términos contra el otorgamiento de este tipo de beneficios fue el ministro de Seguridad Sergio Berni, tal como lo venía haciendo desde hace algunos días. "Creo que los bonaerenses hemos sido muy pacientes esperando una explicación del Poder Judicial. Esta decisión no sólo ha sido torpe, sino irresponsable y provocativa, porque liberar a un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación", afirmó el ministro.

"La Justicia tiene ahora la facultad de ordenar todo este desorden que ha provocado", agregó Berni, al tiempo que indicó que los derechos de los reclusos "hay que garantizarlos con orden, seguimiento y por sobre todas las cosas con control, no como hasta ahora que ha sido una liberación de presos totalmente descontrolada".