Giro de prioridades tras más de 100 días de cuarentena

En la última semana la administración del presidente Alberto Fernández parece estar girando en su visión de la pandemia, que colocó en primer lugar con una prolongada cuarentena, hacia una salida que contempla la profunda depresión económica y el hastío social por más de 100 días de aislamiento que, además afectó severamente el empleo y los ingresos. Los primeros indicios de este giro de prioridades aparece con el proyecto de moratoria impositiva que debe tratar el Congreso, seguidos por anuncios oficiosos que hacen mención a la elaboración de otro plan económico, con un blanqueo de capitales, una reforma impositiva, un cambio de formula para ajustar las jubilaciones, obra pública, refuerzo de los planes sociales y acuerdos sectoriales.

Los trascendidos y anticipos económicos forman parte de un menú conocido, que no cambia demasiado las expectativas sobre su efectividad, o de lograr incentivos a la inversión y la actividad privada, pero que abren un espacio a un rebote del nivel de actividad y un relajamiento de las tensiones sociales. La cercanía de un acuerdo con los acreedores y el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional completan el tablero de opciones que está mirando el Gobierno y que espera concretar en esta segunda mitad del año. Aunque los tiempos que podrían llevar estas iniciativas y la definición de un programa económico es incierto. La vicejefe de Gabinete, Cecilia Todesca, por lo pronto, blanqueo el escenario que atraviesa la Argentina: dijo que es muy duro y que van a empeorar los datos, que habrá más pobreza, desempleo y destrucción de empresas.

Alberto F. intentó recomponer las tensiones que vive el Gobierno con los sectores empresarios y el campo, y brindar una imagen de unidad con la presencia de los gobernadores y dirigentes sindicales en el acto del 9 de Julio en la residencia de Olivos. Aunque el convite tuvo poca trascendencia, tapada por otros condimentos políticos y sociales. Igual, el mensaje de moderación que llevó el Presidente a los empresarios es una ventana de esperanza: reiteró que habrá un acuerdo con la deuda, incluyendo al refractario fondo BlackRock, y medidas de aliento al campo y las empresas. Las perspectivas para el año, de todos modos, serían negativas en el resultado económico, retrocediendo por tercer año consecutivo, con enormes distorsiones macroeconómicas. La recuperación del nivel de actividad sería lenta el año próximo y crece el riesgo de alta inflación.

Este sería el año de la depresión económica y el próximo el año de la aceleración inflacionaria. La previsión para el 2021 no parece desatinada considerando la enorme emisión monetaria de los últimos meses y el déficit fiscal que en el actual ejercicio estaría por encima de 6 por ciento del PIB y el año próximo continuaría en valores muy altos (quizás 4 por ciento o más). La pandemia ha provocado una desaceleración de la velocidad de circulación del dinero, pero con el regreso de cierta normalidad económica, el exceso de pesos iría directamente a la inflación. ¿Cuáles son los planes oficiales para reducir los desequilibrios económicos, bajar el déficit y la emisión monetaria? Por ahora, la administración de Alberto F. no habla de reducciones al gasto, con la excepción del régimen de las jubilaciones, o de contener los subsidios económicos.

¿El programa que se negociaría con el FMI contemplará esos ajustes? El organismo internacional ha flexibilizado algunas de sus normas pero no ha renegado de sus principios. Los programas de corto plazo o más alcance llevan de manera explícita a reformas sustanciales, fiscales, impositivas, previsionales y del gasto. Si la decisión del Presidente fuera esa, su gobierno daría otro giro abandonando su idea de revisar el capitalismo y de cambiar reglas financieras. En este último aspecto, al negociar la deuda con los acreedores de títulos con ley Nueva York, el Presidente debió resignar varias de esas aspiraciones. El reciente acuerdo logrado por Ecuador por la deuda es otro aspecto que pone presión.

La oferta inicial que presentó el ministro Martín Guzmán a fines de abril colocó al país en un atolladero y de debilidad en la negociación. Como se señaló en otras oportunidades en esta columna, el ministro hizo una propuesta muy agresiva bajo el supuesto que la pandemia provocaría una caída masiva de países en default, como los casos de Ucrania o Turquía. Esa previsión fracasó y el riesgo crediticio de esos países que había escalado tuvo una baja notoria. Otros países consiguieron financiamiento a costos bajos, como Uruguay, Bolivia o Perú. En el desarrollo de la negociación con los acreedores, la Argentina redujo sus aspiraciones de quita sobre la deuda desde 59 por ciento a alrededor del 46 por ciento actual. La lentitud de las conversaciones facilitó la cohesión de los grupos acreedores. La semana última, Ecuador anunció un acuerdo que cerró en unos dos meses, casi con los mismos fondos acreedores con una quita del 41 por ciento.

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¿Cuánto más extenderá esa negociación con un grupo de acreedores que dicen representar un tercio del total? No parece haber beneficio en demorar el cierre de este canje con intereses del orden de los 300 millones dólares que se acumulan cada mes de retraso, adicional a otros efectos negativos sobre la incertidumbre, perdida de reservas del Banco Central y, en particular, que no abre una instancia de confianza para que ceda fuertemente el riesgo país. Postergar las decisiones económicas en medio de una crisis no ayuda, al contrario profundiza los problemas.