La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) deberá devolver a los usuarios más de 2.850 millones de pesos por un aumento dispuesto en 2012, bajo la administración de Daniel Scioli, y que se extendió hasta fines de 2014.

Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dejar firme un fallo de la Suprema Corte bonaerense por el que ABSA deberá imputar la diferencia cobrada a los consumidores en próximas facturas.

Ya en 2015, la Justicia provincial había hecho lugar al planteo presentado por asociaciones de consumidores y dejado sin efecto la suba tarifaria establecida en el decreto 245/2012. El máximo órgano judicial de la Provincia entendió que el incremento se aplicó sin garantizar “un mecanismo de información y participación de los usuarios previo a la toma de la decisión”. Esto es, sin el previo llamado a audiencia pública.

Entonces, la empresa estatal y la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, presentaron un recurso extraordinario denegado por la Suprema Corte. Esto motivó un recurso de queja ante el máximo tribunal de la Nación, que también lo rechazó por inadmisible con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La minoría disidente estuvo integrada por Carlos Rosenkrantz y Elena Highton, para quienes el fallo “no se ajusta al principio que exige que las sentencias sean fundadas” y debería ser revocado.

Quienes votaron en contra afirmaron que la normativa vigente en el momento en que se aprobó el cuestionado aumento del agua en la Provincia no exigía la realización de una audiencia pública previa. Y recordaron que la Legislatura bonaerense recién reintrodujo el requisito luego de que perdiera vigencia el cuadro tarifario que motivó esta causa judicial.

“El decreto 245/2012 impugnado en autos, que dispuso un aumento en el valor metro cúbico sobre el cual se calcula la tarifa del servicio público de provisión de- agua potable y desagües cloacales prestado por ABSA en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se dictó cuando la realización de la audiencia pública no estaba contemplada como requisito previo al ajuste tarifario”, justificaron Rosenkrantz y Highton.

También, que “el artículo 42 de la Constitución Nacional no impone necesariamente el procedimiento de audiencias públicas sino que ha dejado en manos del legislador la determinación de cuál es el mecanismo que mejor asegure dicha participación”, y que “esta consideración resulta especialmente aplicable al ámbito de la Provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que la redacción del artículo 38 de la Constitución local es similar al de la Norma Nacional”.

En su planteo, la Fiscalía de Estado y ABSA dijeron que la sentencia judicial partió de fundamentos disímiles, defendieron que hubo participación de los usuarios, que los aumentos fueron publicados en diarios de gran circulación y que no era necesaria una audiencia pública, por tratarse de una compañía sin fin de lucro. Además, advirtieron sobre el impacto que podría tener en la prestación del servicio la devolución de una suma que en 2014 ascendía a 1.600 millones de pesos. La cifra, según se estimó, equivalía al presupuesto operativo de la firma estatal para 2015 y superaba el 100 por ciento de la recaudación proyectada por la tarifa de ese año.

En tanto que, actualizada a la fecha, con la tasa pasiva fijada por la sentencia de primera instancia a partir del 1° enero de 2015, el monto que se le ordena reintegrar a ABSA ronda los 2.852 millones de pesos. El fallo genera inquietud en el Ejecutivo provincial, ante los efectos que semejante suma podría provocar en la empresa que cuenta con 90 por ciento de participación estatal y un 10 por ciento correspondiente al Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (Sosba).