La cadena de inmobiliarias REMAX apelará la resolución de la Inspección General de la Justicia (IGJ) que dictaminó la disolución y liquidación de sus operaciones por considerar ilícita la modalidad de desarrollo de la actividad bajo el régimen de franquicia.

“La resolución en cuestión está basada en información imprecisa sobre el funcionamiento de la sociedad, y es por eso que será apelada correspondientemente para defender sus derechos y desestimar dicha acción judicial. REMAX seguirá trabajando, como hace 15 años, con la intención de traer modernidad al mercado y el mejor servicio al cliente”, indicó la cadena REMAX en un comunicado.

La empresa señaló que “la resolución de la IGJ, de público conocimiento, impulsada por una denuncia del Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires es otro claro ejemplo de la animosidad con la que incesantemente intentan perjudicar a una red inmobiliaria en la que confían 60.000 argentinos para vender y comprar sus propiedades”.

Tras conocerse la decisión de la IGJ, las distintas cámaras que representan al sector adoptaron posturas diferenciadas entre sí.

En ese contexto, el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, dijo a Télam que “hay que hacer lo que corresponda por ley” y remarcó que “el ejercicio de la profesión corresponde al profesional debidamente matriculado”.

En tanto, desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), criticaron al Colegio de Corredores al señalar que “en medio de una pandemia, un colegio de martilleros pretende afectar la vida de miles de familias”.

En un comunicado, Camesi repudió por “infundada” la denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y señaló que “la inquina del presidente del cuerpo colegiado pretende afectar la vida de miles de familias que trabajan en el sector inmobiliario por el uso de una marca reconocida a nivel mundial”.

La Cámara que agrupa a empresas, profesionales y proveedores que brinda servicios inmobiliarios, señaló que “rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia promovida por CUCICBA ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por infundada, improcedente y sin el aporte de prueba alguna y confiamos en que la Justicia frenará este atropello que sentaría un antecedente muy grave y significaría un retroceso para todo el mercado inmobiliario argentino”.