Precios congelados: van por los “incumplidores”

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, calificó de “bueno” al nivel de cumplimiento del nuevo esquema de precios fijado en la canasta de 1.432 productos de consumo masivo puesto en marcha en la última semana.

“El inicio del plan, que siempre requiere un período de adaptación, es bueno. Hay retroceso de precios, con un amplio cumplimiento, del 75 por ciento de los productos en más el 60 por ciento de los comercios relevados, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo”, dijo ayer por la mañana Feletti.

Respecto de los pequeños comercios y autoservicios, Feletti acotó que no se trata de “presionar sobre el minorista y cerrarlo pero sí de inducir a la baja sus precios”.

Sin embargo, en esa línea, adelantó que este lunes van a “intervenir más puntualmente en los casos en que se registraron incumplimientos” y deslizó que los comercios que no cumplan con el congelamiento de precios impulsado por el Gobierno podrían ser “clausurados”.

En medio de toda la polémica que trae toda está decisión de congelar y controlar precios, en especial por gran parte del sector empresarial, el secretario de Comercio Interior sostuvo que “están dadas las condiciones para la baja de precios” y que “por eso es importante el diálogo con los mayoristas, porque son los que terminan regulando el margen, y hay que asegurar esa baja de precios hacia el minorista”.

También indicó que si bien en el caso de primeras marcas “puede que sea más alto el precio en los comercios minoristas”, por otro lado, estos negocios también “tienen marcas que no están en los mayoristas y grandes cadenas, por lo que pueden tener opciones más baratas”.

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Corto plazo

“Esta intervención tiene un objetivo de corto plazo, que es bajar la fiebre, ya que la remarcación de octubre se volvió insostenible. Y el de largo plazo es asegurar una canasta básica regulada para la población argentina, con precios administrados, sin sobresaltos y que sea permanentemente ofertada”, subrayó el funcionario.

Feletti participará hoy de una reunión del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), junto con sus pares de todas las provincias, y mantendrá un encuentro con las asociaciones de consumidores, para avanzar en la coordinación de la campaña de control del cumplimiento de la canasta de 1.432 productos con precios congelados.

Estas actividades forman parte de la estrategia puesta en marcha por el Gobierno nacional para supervisar el efectivo cumplimiento de la lista de productos con precios retrotraídos a los valores vigentes al 1 de octubre pasado.

El 13 de octubre, el mismo día en que Feletti anunció la canasta de productos que estará vigente hasta el 7 de enero, la Copal, la entidad que nuclea a las firmas del sector alimenticio, advirtió que “las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación” y que “resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector”.

Ante este contexto y frente a la posibilidad de que se pueda registrar desabastecimiento de productos, como advirtieron también dirigentes de la oposición, el Gobierno decidió sumar a provincias, intendencias y asociaciones de consumidores a un esquema de monitoreo para supervisar el cumplimiento de los precios máximos y el abastecimiento en comercios y supermercados.

Guzmán, apoya

Por otra parte, consultado sobre la posición que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el tema, Feletti dijo que el titular del Palacio de Hacienda “respaldó la medida” y “coincidió en la visión de que hay una elite que no asume la necesidad de un país viable e integrado”.

El secretario de Comercio Interior calificó a Guzmán como un ministro “muy comprometido con la Argentina” y aseguró que comparte el diagnóstico “de que hay una elite que juega en contra del país, que va afuera y crea un clima antiargentino frente a los inversores”.

Finalmente negó que en el Gobierno exista “un sesgo antiempresarial”. Pero argumentó que cuando existe “un poder económico que repudia” la moneda local se produce este tipo de problemas”.