En el contexto signado por denuncias y polémicas desatadas por el denominado escándalo de la “vacunación VIP” que se originó en las últimas jornadas y que, de uno u otro modo, generó controversias por el manejo discrecional de las dosis de vacunas contra el COVID-19, corresponde reclamar de todos los operadores sanitarios con incumbencia en el tema un manejo ordenado y transparente de los operativos puestos en marcha.

En este sentido, los protocolos fijados desde la órbita nacional fueron claros a la hora de ubicar al personal de salud de los hospitales –médicos, enfermeros y auxiliares- que trabajan en unidades de terapia intensiva, como prioritarios para recibir las vacunas, dado que están expuestos a una actividad crítica.

Se sabe que el orden establecido en la Provincia ubica luego a los mayores de 70 años de edad y a quienes viven en establecimientos geriátricos; le siguen luego adultos mayores de 60 años de edad, determinándose entonces una primera definición en base al hecho de la menor cantidad de defensa que tienen los adultos mayores.

El protocolo del Gobierno nacional diagramó luego, en ese orden, al personal de las fuerzas armadas, de seguridad y penitenciarios; a los adultos de entre 18 y 59 años que presenten factores de riesgo; al personal docente y no docente y, finalmente, a otras poblaciones estratégicas que definan las distintas jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes, en un esquema oficial que “puede cambiar a partir de nueva evidencia científica, la situación epidemiológica o la disponibilidad de dosis”.

Se conoce, sin embargo, que esa prelación fue violentada por vacunaciones que no obedecieron al orden prefijado y primer lugar, entonces, habría que aludir a lo que ocurre con los planteles de médicos y enfermeros.

Desde hace por lo menos ocho meses que en esta columna se vinieron reflejando los reclamos de personal sanitario de los hospitales –médicos, enfermeros, auxiliares- por el mal trato recibido en el curso de la pandemia, tanto en lo que se refiere a la insuficiente provisión de indumentaria, camisolines y mascarillas para aislarse debidamente del virus y evitar los contagios, como a la falta de equipamientos tecnológicos de complejidad aptos para enfrentar a la emergencia.

Se dijo que ellos, ciertamente, se encuentran en la trinchera, luchando contra un enemigo peligroso y muchas veces mortal, que ha causado, una enorme cantidad de víctimas en los planteles médicos de los hospitales. Este personal, además, se vio desafiado por las bajas remuneraciones que perciben, el alejamiento prolongado de sus familias y otras negativas condiciones para su mejor desempeño laboral.

Si a esas realidades tan acuciantes le deben sumar el verse relegados a la hora de recibir las vacunas anti-Covid 19, violándose en forma inexplicable lo dispuesto en los protocolos oficiales que le dan prioridad al personal de salud –que es, justamente, el que arriesga su vida por salvar a la población- no queda sino exigir a las autoridades que intensifiquen esfuerzos para garantizar el cumplimiento efectivo de esas resoluciones, las investigaciones pertinentes por las irregularidades denunciadas y, llegado el caso, la aplicación de sanciones a quienes decidieron, a su entero arbitrio, alterar los turnos establecidos.