Cuestionan las detenciones arbitrarias y los abusos en la provincia de Formosa

Una vez más el problema de los derechos humanos en la provincia de Formosa concita declaraciones adversas, a partir de las “detenciones arbitrarias” y “medidas abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del COVID-19, tal como en esta oportunidad hicieron notar las organizaciones internacionales Human Rights y la Universidad Johns Hopkins, a través de un informe en el que formularon esos y otros cuestionamientos.

Cabría recordar que la Corte nacional, en tres oportunidades desde el año pasado, y otros organismos internacionales de defensa de los derechos humanos objetaron medidas dispuestas por el gobernador Gildo Insfrán, impulsadas según el gobierno de esa provincia, para combatir la pandemia.

En el caso del máximo tribunal de justicia del país, emplazó el año pasado al Gobernador a que abriera de inmediato las fronteras para resolver la situación de miles de formoseños varados a los que se le negaba volver a su provincia, la mayoría de ellos luego de realizar tareas en otros distritos.

“Las medidas para frenar la propagación del COVID-19 deben proteger a los ciudadanos, no exponerlos a un riesgo mayor”, dice el informe emitido por Human Rights Watch (HRW) y la mencionada universidad. Agrega que “el Gobierno nacional debe trabajar con las autoridades provinciales para periódicamente verificar que Formosa respete los derechos humanos en su respuesta a la propagación del COVID-19, para lo cual debe, entre otras medidas, garantizar que se limite el uso de las fuerzas policiales para rastrear contactos estrechos”.

Según el informe, el gobierno de Formosa “ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del COVID-19”. Señala que “las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia” y también que “habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el coronavirus”. Añade que “durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”, tras imponer un “bloqueo sanitario”.

El trabajo elaborado por las dos entidades destaca que desde abril de 2020 más de 24.000 personas fueron obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud y, en muchos casos, “bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”.

Se ha dicho ya que algunos gobernadores siguen manejando a su arbitrio situaciones que están regladas por las leyes, la Constitución nacional y los tratados internacionales. La intervención de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos por situaciones que se presentaron en Formosa responde, entonces, no sólo a la defensa de valores que son universales, sino a la necesidad de que nuestro país respete los compromisos asumidos.

Se habla de provincias que, como la de Formosa, están gobernadas desde hace largo tiempo por funcionarios a los que, dado el escaso apego a las formas republicanas con que conducen a sus administraciones, se los ha llamado y define con entera razón como “señores feudales”, que han logrado consolidar territorios autocráticos y que, ahora, con la excusa de la pandemia, pretenden pasar por encima de los derechos y garantías elementales de las personas.

Está claro que ninguna Provincia puede, además, vulnerar los límites de un sano federalismo regido por la letra de la Constitución. En buena hora, entonces, estas intervenciones de la justicia argentina y de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.