La Procuración General del Tesoro, a cargo de Carlos Zaninni, se presentó hoy ante la Justicia Federal para impugnar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño que habilitó el regreso de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Zaninni radicó la presentación en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y mientras tanto también hay expectativa por lo que pueda decir la Corte Suprema de Justicia donde hay un pedido del Gobierno porteño.

El pedido es de inhibitoria para quitarle el caso a la Justicia Ciudad y que intervenga la Federal, pues algo de los argumentos dados por el Gobierno Nacional es que es una decisión federal y no local, y que se trata de una política sanitaria que nada tiene que ver con medidas educativas.

Además, la Procuración del Tesoro reclamó la invalidez del fallo que ayer dictó la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña habilitando el regreso de las clases presenciales en línea con lo que había opinado la fiscal y tal cual lo habían reclamado dos asociaciones civiles.

“Se tratan de medidas razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y reiteramos se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger la salud pública", dice el texto de la presentación realizada por Zannini.

"Se solicita el levantamiento de dicha medida, por mediar nulidad por falta de competencia, a más de no encontrarse reunidos los requisitos para su dictado y ser la Resolución, un acto de suma gravedad institucional que pone en riesgo la salud general", señala el recurso, al tiempo que apunta que "se deja denunciada la gravedad institucional y el escándalo jurídico que las presentes actuaciones significan, atento a que, ello implica la suspensión en una jurisdicción local de normas de naturaleza federal, inaudita parte, afectando el poder de policía sanitaria en el marco de una emergencia sanitaria internacional”.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene para resolver el pedido justamente hecho por el Gobierno porteño para dejar sin efecto esa parte del DNU que suspendió las clases presenciales por 15 días.