Primera demanda contra el gobierno de Kicillof por el aislamiento obligatorio en hoteles

La presentó un abogado que viajó a Estados Unidos junto a sus hijas para vacunarse

Una familia que viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el COVID formuló la primera denuncia judicial contra la decisión del gobernador Axel Kicillof de obligar a quienes regresen del exterior a cumplir con una parte del aislamiento en hoteles y, según cuándo hubieran salido del país, correr con los gastos correspondientes.

El recurso de amparo presentado en los tribunales federales de San Martín considera inconstitucionales las normas dictadas tanto por el Gobierno nacional como la adhesión por parte de la provincia de Buenos Aires.

La demanda fue presentada por Norberto Borlenghi, de 73 años, quien viajó junto a sus dos hijas y su pareja. Borlenghi, abogado, recibió el 3 de abril la primera dosis de la Sputnik V y "como la segunda dosis brillaba por su ausencia, y ante tal falencia, no me quedó otra opción que costearme un viaje para completar el cuadro vacunatorio, con otra compatible como la Pfizer que me apliqué" en Estados Unidos, afirmó.

Las hijas de Borlenghi, de 23 años, también viajaron para inocularse ya que "la vacuna en Argentina estaba en un plazo incierto" y "tampoco les quedó otra alternativa que viajar, postergando sus tareas profesionales diarias, para conseguir en el exterior lo que la Argentina no proporciona, y ahora, encima, 4 días más sin acceso a los medios de trabajo aislados en un hotel desconocido".

La acción judicial está dirigida a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, el ministerio de Salud y contra la provincia de Buenos Aires y cuestiona la validez del decreto 411/2021 y la decisión administrativa Nº643/2021, dictada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Wado De Pedro y Carla Vizzotti y "la que se encuentra en ciernes de ser dictada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires".

En el escrito se afirma que "todo ello resulta un absurdo intolerable, por cuanto más que protegernos y evitar la dispersión de una eventual propagación del virus (circunstancia poco probable ya que, para ingresar a la Argentina deberemos contar con dos PCR negativos, uno del país de salida y otro de nuestro país al llegar), mantenernos cuatro días encerrados, acrecienta las posibilidades de contagios, ya que estaríamos inmersos en una burbuja cerrada y cercana de posibles infectados, con lo cual no se cumple la pretendida norma predica, sino todo lo contrario. Esta restricción constituye una afrenta a la libertad ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución Nacional".

Y agrega que “esto no se soluciona con la asunción o imposición de los costos de la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio que dispongan las autoridades provinciales. El problema no es el costo, es que no queremos exponernos a un riesgo mayor, en un lugar hostil y desconocido, sujetos a la difusión del virus entre desconocidos. La normativa restrictiva, no aborda ni explicita cuales son los criterios científicos que sustentan la medida en un marco de razonabilidad, tampoco demuestra por qué las mismas son estrictamente necesarias y mucho menos proporcionales al objeto que pretenden tutelar”.

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