La bajante del río Paraná sigue en niveles históricos y hay emergencia

La bajante del río Paraná se sostiene a lo largo de toda su cuenca en los niveles más bajos de los últimos setenta años, lo que condiciona la navegación comercial, la generación de energía eléctrica, además de la vida de las comunidades ribereñas, mientras que las autoridades reiteraron su solicitud de “no derrochar” agua.

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) reiteró que “la tendencia descendente observada en los niveles hídricos en la cuenca del Paraná y Paraguay va a predominar en los próximos tres meses; el escenario más probable indica una situación similar a la bajante de 1944”.

En Barranqueras (Chaco) la tendencia fue descendente durante toda la semana y los niveles se encuentran 2 metros por debajo del límite de aguas bajas.

Sobre el Paraguay no se registraron lluvias significativas y la tendencia continuó descendente; en Rosario los niveles continúan en gradual disminución.

El panorama hidrometeorológico indica que continuará descendiendo esta semana; mientras que en el río Uruguay los niveles aún están por encima de las aguas bajas.

El organismo aclaró que “actualmente no está siendo afectada directamente (en particular lo relacionado al acceso de agua potable y saneamiento; como así también a eventos de remoción en masa en localidades linderas) la población en zona de influencia, pero las instituciones nacionales, provinciales y municipales tomaron previsiones en función del desnivel del cauce. Al día de la fecha no hay desplazamiento de medios federales en asistencia a la población”.

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La altura del río Paraná en Rosario creció un total de 0.4 metros desde la última medición realizada por la Universidad Nacional del Litoral, y continúa la bajante histórica que ya compromete el consumo de agua.

Mientras, el Instituto Nacional del Agua (INA) indicó que la tendencia descendente “continuará predominando en los próximos tres meses” al menos.

Además, apuntó que julio será “especialmente crítico” y espera impactos en “las tomas de agua para consumo urbano, para refrigeración de centrales de generación eléctrica y de procesos industriales”.

También alertó sobre problemas en “la navegación fluvial, fauna íctica, estabilidad de márgenes” y una “exposición a incendios en márgenes e islas”.

Julio será “especialmente crítico” y se esperan impactos en el agua potable

DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA

El Gobierno nacional, mientras, decretó la “emergencia hídrica” en siete provincias debido a la histórica bajada en el nivel de las aguas del río Paraná y dispuso una serie de medidas para asistir a los afectados.

El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, señala que la bajada, la mayor de los últimos 77 años, presenta eventuales afectaciones sobre el abastecimiento del agua potable, la navegación y las operaciones de puerto, la generación de energía hidroeléctrica y las actividades económicas vinculadas a la explotación de la cuenca conformada por el río Paraná y sus ríos afluentes Paraguay e Iguazú.

El río Paraná es la principal vía de salida para las exportaciones de granos y derivados de nuestro país.

Además, importantes poblaciones dependen de este río para sus servicios de agua potable.

“La extraordinaria magnitud de los acontecimientos requiere que todas las áreas del Gobierno nacional aúnen esfuerzos para mitigar este fenómeno hidrológico en las zonas alcanzadas por la afectación”, alegó el Ejecutivo.

La emergencia declarada por el término de 180 días alcanza a sectores ribereños de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires.

El decreto instruye a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo a adoptar medidas para preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados.

Dispone además que el Fisco asista con determinadas medidas a aquellos contribuyentes con establecimientos productivos afectados por la emergencia.

Por otra parte, el decreto instruye al Ministerio de Obras Públicas a realizar las obras de infraestructura necesarias para mitigar los efectos de la emergencia en las zonas afectadas.

Asimismo, ordena a otras áreas del Gobierno a definir acciones de respuesta para asistir a las poblaciones ribereñas.