Masiva movilización piquetera: desafío de la izquierda al Gobierno

Tal como sucedió hace casi dos semanas con los grupos alineados al Gobierno, los movimientos sociales referenciados en la izquierda expusieron ayer una demostración de fuerza al copar las calles de 20 provincias, con el corte del Puente Pueyrredón y la multitudinaria peregrinación que luego hicieron hasta la sede del ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, como estandarte. Aunque en la Casa Rosada insisten en que el recrudecimiento de la protesta social guarda relación con la campaña electoral en marcha, los dirigentes reclamaron la falta de pago de planes sociales y un aumento sobre los $14.400, que cobran actualmente.

Para el justicialismo la muestra de fuerza realizada ayer también expone una suerte de “competencia” de los grupos de izquierda con las organizaciones sociales oficialistas, como el Movimiento Evita, que marcharon en ocasión del festejo de San Cayetano. Pero, la multitudinaria manifestación de fuerza condiciona al Gobierno y afecta al sindicalismo englobado en la CGT que, consciente del desafío que hoy le plantea este escenario, quizás hasta deba incluir en la nueva mesa directiva de la entidad a dirigentes de la UTEP (Unión de los Trabajadores de la Economía Popular) cercanos a Juan Grabois o Esteban “Gringo” Castro, a quien el Ministerio de Trabajo otorgó personería gremial. En cierto sentido es una competencia de tres sociedades por la representación de los sectores productivos. La tradición de los sindicatos dominados por el peronismo, la izquierda dura que ayer hizo la demostración de fuerza y la organización de Grabois.

Se trata de la influencia que han ganado las organizaciones sociales en por lo menos, los últimos 20 años, con cuantiosos subsidios que han recibido desde los distintos gobiernos. Tras la asistencia por la emergencia de la crisis del 2001, han venido ganado recursos que le permitieron vigorizar sus propias estructuras. Durante la administración de Cambiemos también se fortalecieron: los planes sociales pasaron de 300 mil a 700 mil y le “arrancaron” la ley de Emergencia Social que les otorgó fondos por unos $30 mil millones durante los últimos tres años de mandato de Mauricio Macri a cambio de una relativa “paz social”. La administración de esos cuantiosos fondos aseguran un poder económico. Ayer, en TN, un video demostraba que el dinero se usa también para lograr asistencia a las manifestaciones. En un informe se mostró que, para tal fin, se utilizaron números de rifas, planillas y grupos de WhatsApp con los que se buscó “comprobar” la asistencia de las personas antes de entregarles dinero por haber concurrido.

Hoy, el plan Potenciar Trabajo supera el millón de beneficiarios y su registro continúa abierto. El futuro de ese programa explica, en parte, la tensión existente entre el Ejecutivo y los dirigentes sociales.

La protesta

Los cortes de accesos por parte de manifestantes se aceleraron en julio con 586 bloqueos y contabilizan unos 3 mil en lo que va del año, según un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político. Ayer la postal más contundente de este fenómeno fueron los casi 40 mil manifestantes que recorrieron la avenida 9 de Julio hasta la sede de la cartera social como una forma de exponer sus reivindicaciones al flamante ministro, Juan Zabaleta, que en esos momentos participaba del Plenario de la Militancia de “Todos” en el Estadio Unico.

Fue, a la postre, un desafío a la convocatoria que había hecho el ex intendente Hurlingham hace una semana cuando, en ocasión de su asunción en el Salón Blanco de Casa Rosada, dijo que “no va a hacer falta con este ministro, cortar calles para poder dialogar. Va a ser un ministerio de puertas abiertas”. Empero, los grupos piqueteros ven con desconfianza su designación casualmente por su origen: la mala relación de los líderes sociales con los intendentes es tan vieja como la disputa por el manejo de los planes sociales en los distritos. Los intendentes de los municipios peronistas del Gran Buenos Aires también sienten el desafío y ellos representan el poder territorial que es fundamental para el peronismo.

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Es que el último 7 de agosto habían sido los movimientos sociales alineados al gobierno, denominados “Los Cayetanos” –por su cercanía con la Iglesia-, quienes coparon la plaza de Mayo en una demostración de poder de convocatoria y donde más allá de apoyar la gestión de gobierno, reiteraron su reclamo para que se cumpla la máxima de “Pan, Techo y Trabajo” y para ello el Ejecutivo autorice el pago de una suerte de “renta universal”.

De la movilización de ayer participaron, con todo, unas cuarenta organizaciones sociales referenciadas en la izquierda, como el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Piquetero Nacional (MPN), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros,

Uno de los voceros de la protesta fue Eduardo Belliboni (Polo Obrero) que argumentó que salen a la calle para pedir” el pago para miles de personas que no cobraron (el Potenciar Trabajo) y que el nuevo ministro no autoriza. Son personas que tenían que cobrar el 5 y no les pagaron” y reclamó “además aumentar el programa que está en $14.400 y que la inflación devoró”. Pese a la magnitud de la movilización, que por la tarde adoptó la forma de una marea humana sobre la avenida 9 de Julio, el dirigente confirmó a este diario que no habrá acampe a la espera de ser recibidos por las autoridades.

Uno de los encargados de tender puentes con los referentes sociales es Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica de la cartera, que aventuró que la semana próxima podrían recibir a los líderes de la protesta a fin de intentar destrabar el conflicto. En diálogo con este diario, el funcionario atribuyó las manifestaciones a un reclamo “de orden político ya que marchan contra lo que denominan el ajuste y el acuerdo con el FMI” y no tanto por una mayor asistencia oficial.

Aguilera reivindicó las negociaciones en marcha de Zabaleta para ir paulatinamente transformando el millón de Potenciar Trabajo en empleos genuinos.

Generar un millón de empleos es un objetivo esencial para el país y no los tironeos para lograr la representación gremial y política de los sectores populares. Se trata del gran desafío que enfrenta la Argentina. Pero para lograrlo se requieren transformaciones sobre las cuales se está muy lejos de lograr acuerdos entre todos los factores de poder y no solamente de las organizaciones sociales, los sindicatos y el peronismo.