Columnista de la agencia EFE

Las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar multimillonarios préstamos otorgados en 2018 llevan ya más de un año y aún faltan consensos sobre puntos medulares, mientras se aproximan pesados vencimientos de deuda a partir de marzo que el país suramericano no está en condiciones de afrontar.

A finales de agosto de 2020, tras llegar a un acuerdo con acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por casi 63.400 millones de dólares, el Gobierno de Alberto Fernández le solicitó al Fondo abrir conversaciones formales.

Pero las negociaciones no se iniciaron sino hasta octubre de 2020, cuando el organismo envió una misión técnica a Argentina, tras la cual hubo varias rondas de encuentro y contactos al más alto nivel político.

Argentina busca sellar con el Fondo un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno de Mauricio Macri. Ese acuerdo estipuló préstamos al país suramericano por hasta 56.300 millones de dólares, de los cuales finalmente se desembolsaron 44.200 millones de dólares, una deuda que actualmente ronda los 41.000 millones de dólares.

Cuando se iniciaron las negociaciones, el Gobierno apostaba a llegar a un entendimiento en muy pocos meses.

Errores estratégicos e interna

La demora, según analistas, obedece principalmente a errores de estrategia y serias diferencias internas en la coalición gobernante sobre los tiempos y los alcances de los ajustes y reformas que conllevaría un nuevo acuerdo, diferencias que han metido “ruido” en la negociación.

“Hubo un error estratégico del Gobierno de no haber arreglado con el Fondo cuando se acordó con los bonistas privados porque en ese momento el FMI estaba más dispuesto a darle una mano a los países con problemas económicos sin tantos requerimientos”, dijo a Efe Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.

El experto apuntó además que el Gobierno, “por un tema ideológico, fue postergando las negociaciones”.

Las diferencias se hicieron manifiestas cuando la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuestionó, tras la derrota del oficialismo en las primarias legislativas de septiembre pasado, la gradual moderación fiscal que comenzó a aplicar el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien comanda las negociaciones con el FMI.

Según Piazza, para el FMI es “indispensable” arribar a un entendimiento con Argentina, pero que sea “creíble” y que no tenga que ser renegociado dentro de pocos años y, en este sentido, al organismo le preocupa cómo desarmar el “laberinto” de las restricciones cambiarias en Argentina y cómo bajar el déficit fiscal.

Las buenas intenciones no garantizan el éxito.

“Ahora sí yo creo que se va a destrabar la interna ideológica en el Gobierno porque no hay otra solución. Aunque le duela, Cristina sabe que el arreglo con el FMI es clave para que la economía pueda despegar. No le queda opción”, dijo Piazza.

Según el acuerdo de 2018, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024.

Los compromisos más voluminosos de este año empiezan a operar en marzo, cuando Argentina debería pagar 2.838 millones de dólares, metiendo aún más presión sobre el bajo nivel de reservas monetarias netas del país.

“Los números mandan. Marzo es el ‘día D’ y ya no quedan más excusas para no acordar con el Fondo”, advirtió Piazza.

Además, el Club de París ha dado plazo hasta el 31 de marzo a Argentina para acordar con el FMI y prorrogar hasta entonces la cancelación del grueso de la deuda que tiene el país con ese foro de 22 naciones acreedoras de Argentina.

“Hubo un error estratégico del Gobierno de no haber arreglado con el Fondo cuando se acordó con los bonistas”