El seis de octubre pasado, Martín Cruz Cabrera, periodista del diario EL DIA, denunció que sufrió una brutal golpiza en el predio de Control Ciudadano, cuando se presentó a retirar su auto, que había sido acarreado al lugar.
Por el hecho, se encuentran mencionados, en calidad de acusados, dos empleados de la concesionaria de grúas, que fueron identificados por la Justicia como Carlos Leonel Romano y Carlos Miguel Romano, quienes quedaron aprehendidos después del hecho, aunque al cabo de una serie de diligencias le concedieron la libertad.
El delito que se investiga es el de “lesiones”, aunque el fiscal Martín Almirón, encargado de la causa, quiere saber su alcance. Si se trata de lesiones leves o graves, ya que hay diferente sanción para ambas figuras. De un mes a un año de prisión en el primer caso y de uno a seis años de cárcel, en el segundo.
En ese sentido, voceros de tribunales explicaron que el titular de la UFI N° 8 de La Plata ya requirió la realización de un amplio reconocimiento médico legal para Cabrera, “debiendo acompañar las constancias con que contara respecto de su diagnóstico y pronóstico y estudios complementarios que hubiere realizado”.
Asimismo, pidió “el informe respecto de la existencia de cámaras de seguridad y, en su caso, se requieran las grabaciones respectivas al día y hora del hecho”.
Como se recordará, Cabrera relató que “concurrí hasta el depósito de 23 y 527 para reclamar por qué la grúa se había llevado mi auto. Enseguida, vinieron dos tipos y me cagaron a trompadas. Ni más ni menos”. Luego, añadió que “los tipos empezaron a recriminarme que no tenía derecho a reclamar”. Y entonces, añadió, “me metieron en una oficina y empezaron a pegarme”.
Según describió, “me dieron golpes en la cara, me patearon el cuerpo, me dieron una paliza entre los dos. Me duelo todo”. Luego los estudios confirmaron que por los golpes terminó con la costilla 11 fracturada.
Cabrera, con la representación de los abogados Germán Alegre y Francisco Da Giau, ya se presentó en el expediente, donde se solicitó que se profundice la pesquisa a fines de descartar que el ataque no haya sido motivado por las tareas que desempeña como trabajador de prensa y en un ámbito que describió como “sensible”.
“Es conocido ya en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, la obligación de debida diligencia y de agotamiento de las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima”, expresaron.
Así se ha dicho: “La obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas, dado que una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto, como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados y probablemente despertará cuestionamientos”.
Respecto de los empleados de la concesionaria de grúas, que fueron separados de sus funciones, se conoció que tendrían antecedentes y uno estaría vinculado con el exsecretario de Seguridad y Control Ciudadano y, actual presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia.
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