Entre 12 y 14 años. No mucho más. Son tres chicos muy chicos, que andan armados por el centro de La Plata esperando la oportunidad para actuar. Saben que son menores, inimputables y que por esa sencilla razón, si los agarra la Policía, al rato están otra vez en la calle listos para seguir la faena delictiva.

En las últimas horas eligieron un kiosco de 7 entre 46 y 47. Fue cerca de las 14.30. Allí, tras amenazar al encargado, se llevaron plata, figuritas del Mundial y algo de mercadería.

La violenta secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad del local, donde al principio se los vio a los jóvenes algo dubitativos, haciendo un par de consultas, aunque segundos más tarde hicieron lo que la propia víctima ya se imaginaba.

El caso no pasó desapercibido en la zona y todos los comerciantes se unieron en un reclamo por “mayor presencia policial y garantías para circular y trabajar con tranquilidad”, expresaron indignados.

Demás está decir que no es la primera vez que en la Ciudad ocurre una situación de estas características.

El gran debate es saber qué hacer o cómo actuar con los adolescentes que delinquen. Sobre todo si están por debajo de la edad de imputabilidad.

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En ese sentido, la ley es clara. Si están por debajo de los 16 años, no se los puede perseguir desde un proceso penal y mucho menos imponerle una sanción por su conducta antijurídica.

Aquí es donde se instala la polémica y aparecen las opiniones en direcciones opuestas.

Muchos entienden que la norma es arbitraria, ya que habrá menores por encima de los 16 años que carecen de capacidad para comprender lo que está bien y lo que está mal y, de adecuar su conducta a esa comprensión, y otros por debajo de esa edad que sí lo entienden y podrían amoldar sus actos para no cometer un delito.

La ley provincial 13.298, de promoción y protección integral de los derechos de los niños, sancionada en 2004, sí establece la posibilidad de adoptar medidas de seguridad para los menores inimputables que cometen delitos.

En su artículo 63 se establece que “sin perjuicio del cierre del proceso penal respecto del niño, si se advirtiere la existencia de alguna vulneración de sus derechos específicos, el Juez de Garantías establecerá la pertinencia de aplicar alguna de las medidas de Protección Integral de Derechos (...), en cuyo caso solicitará la intervención del Servicio de Protección de Derechos correspondiente y comunicará tal decisión a su representante legal o ante su ausencia al Asesor de Incapaces”.

Y el artículo siguiente van aún un poco más allá: “En casos de extrema gravedad en los que las características del hecho objeto de intervención del sistema penal aconsejen la restricción de la libertad ambulatoria del niño inimputable, el Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías el dictado de una medida de seguridad restrictiva de libertad ambulatoria, en los términos previstos por la legislación de fondo”.

Igualmente, a juzgar de los acontecimientos en La Plata, rara vez la Justicia adopta ese tipo de medidas y por lo general suele reintegrar a los menores con sus familias, aún si el contexto social o económico en el que se encuentra es desfavorable y puede potenciar reiteración de conductas reprochables.

Sin perjuicio de lo expuesto, las medidas de seguridad que han sido requeridas y aquellas que han sido concedidas, han generado mucho ruido y motivado presentaciones de diversa naturaleza, como hábeas corpus, hábeas corpus preventivos, declaraciones de inconstitucionalidad, apelaciones y planteos ante la Suprema Corte.

MÁS FICHAS QUE AÑOS

En Villa Elvira hay un menor que habitúa a salir a robar por la Ciudad y, que a los 15, ya tiene más arrestos que cumpleaños.

Es que ya fueron 21 las veces que lo ficharon en una comisaría, pese a que esas causas irán rumbo al archivo por las razones expuestas.

La última vez que lo atraparon estaba junto a sus hermanos de 13 y 14 años, a quienes acusaron por la sustracción de distintas pertenencias de la casa de un jubilado en 76 bis entre 118 y 119.

Entre esos elementos figuraba un televisor Smart TV, con el que pretendían, se dijo, mirar los partidos de Qatar 2022.

Lo mismo sucede con otro menor al que todos conocen como “Papichulo”. Este es imputable, porque tiene 17 años, aunque fue detenido en más de 30 oportunidades. Un verdadero récord.