Coparticipación: fallo a favor del reclamo porteño

La Corte Suprema falló a favor de la ciudad de Buenos Aires en un reclamo presentado en 2020 por la decisión del Gobierno nacional de quitarle en ese momento parte de los fondos por recaudación de impuestos federales.

Por unanimidad, el Supremo dictó una medida cautelar que ordena restituir a la administración porteña gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, el 2,95 por ciento de los fondos que recauda el Fisco nacional y que son “coparticipables”, es decir, que deben ser repartidos entre las diferentes provincias argentinas y el distrito de la capital federal, que desde 1996 es autónomo. La restitución ordenada no es retroactiva sino que aplica desde ahora, se explicó.

La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad (de Buenos Aires) y la Nación no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la administración porteña en 2016.

Tras el fallo, el presidente Alberto Fernández se reunirá hoy a las 12 con gobernadores en la Casa Rosada, según informaron a de fuentes oficiales.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que el fallo “defiende el federalismo” y anunció la eliminación de cargas impositivas aplicadas en el distrito desde el 2021 para compensar la quita.

Más temprano, desde el Gobierno nacional habían considerado que, aunque el fallo aparenta ser “salomónico” -como ya señaló con anterioridad el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro- en el fondo se “beneficia” a la administración porteña.

Hace poco más de un mes, un funcionario de alto rango en la Casa de Gobierno había revelado que, durante las negociaciones llevadas adelante en Tribunales, la Corte había pedido que las partes acuerden en un punto intermedio del porcentaje, algo que fue rechazado por la Nación.

El expresidente Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión de gobierno, había subido la cuota porteña del 1,40 por ciento al 3,75, un incremento que, en septiembre de 2020, en la gestión del FdT, fue recortada al 2,32 por ciento, diferencia que recayó en la provincia de Buenos Aires.

Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.

Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento fracasó.

El gobierno porteño le reclamó a la Nación que le pagara los “fondos retenidos” desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló que “además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.

Para compensar esos fondos, la Ciudad (de Buenos Aires) dispuso una carga impositiva del 1,2 por ciento sobre todas las transacciones con tarjetas de crédito que se hicieran en el distrito, aunque Larreta prometió que se quitará si recuperaba lo perdido.

En sus considerandos, la Corte realizó un desarrollo histórico de la evolución de la capital federal desde sus orígenes como municipalidad hasta su situación actual. Señala que las transferencias de “competencias, servicios o funciones” son procesos que se cumplen mediante actos concertados del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, remiten a decisiones que deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones.

La cuestión se originó en dos causas iniciadas por CABA en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto (735 de septiembre 2020) y luego de una ley nacional (27606, diciembre 2020), por lo cual la Ciudad solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces. En la postura contrapuesta, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero de ese año. Dijo era “un porcentaje fijado de modo completamente arbitrario”.

En el fallo la Corte consideró que la decisión que tomó responde a dos factores relacionados, por un lado, la verosimilitud del derecho invocado por la Ciudad de Buenos Aires, y por el otro, la necesidad de atenuar -durante el proceso- la alteración que causa el recorte de fondos en el normal desempeño de la administración porteña “y, por consiguiente en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población.”

PARA LA POLICÍA BONAERENSE

En septiembre de 2020, el Gobierno de Alberto Fernández decidió hacer ese recorte para dar un aumento a la Policía de la provincia de Buenos Aires -que se había rebelado para su reclamo salarial- y tras alegar que el aumento en la coparticipación de impuestos que la ciudad de Buenos Aires había recibido durante el Gobierno de Macri para costear los gastos de la Policía capitalina no era correcto.