Finalmente, el Gobierno presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su polémico informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, en la que cuestionó no sólo a jueces -principalmente a los miembros de la Corte Suprema- y fiscales, sino también a la oposición y a medios de comunicación. Sin embargo, los Estados miembros de esta institución internacional acordaron una serie de recomendaciones entre las cuales se le pidió a la Argentina que “asegure la plena independencia del Poder Judicial”.

Como se esperaba, la exposición, realizada en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, incluyó una descripción de la democracia con un sesgo kirchnerista, que los opositores cuestionaron antes. Dijeron que el informe que del Estado argentino “exporta” a organismos internacionales la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien en diciembre pasado un tribunal condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntos hechos de corrupción durante sus mandatos.

Argentina fue uno de los Estados examinado por el Grupo de Trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un mecanismo que implica la revisión periódica de los 193 Estados Miembros de la ONU.

Entre los documentos en los que se basó el EPU, se encuentra un informe nacional con información presentado por el Estado argentino, que en su página 18 llama la atención sobre “los denominados discursos de odio” en el país, y sus implicancias para la convivencia democrática, que vincula “con el intento de magnicidio” que sufrió la vicepresidenta el 1 de septiembre pasado. El informe agrega que el “fenómeno del ´lawfare´ o ´guerra jurídica´” es otro de los desafíos que enfrenta Argentina, una práctica “impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”.

En cambio, el organismo internacional precisó, a través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta oficial de Twitter, que los Estados le recomendaron a la Argentina que ”asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales”. Además, remarcaron la necesidad de que el Gobierno “designe un Defensor del Pueblo nacional”. También le aconsejó, por ejemplo, que “mejore las condiciones en las prisiones”, que “garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”, que “prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza”, que “garantice el acceso a una educación de calidad para todos”, que “aborde las disparidades en el sistema de salud” y que “armonice su legislación sobre personas con discapacidad”.

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