El gasto educativo, bajo la lupa: de cada $10, ocho van a sueldos

Entre siete y nueve de cada diez pesos que gastan las provincias en educación van a los bolsillos de los docentes y auxiliares. Entre 0,5 y dos, según la jurisdicción, a subsidiar los establecimientos de gestión privada. Y apenas una porción marginal a las inversiones en infraestructura y equipamiento del sistema público.

Así lo determina un estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación, realizado por los investigadores Javier Curcio, Martín Nistal y Víctor Volman, que abarca el período comprendido entre 2004 y 2021.

“El trabajo analiza la evolución del gasto educativo de las provincias, que representa alrededor de tres cuartas partes del gasto educativo total” explica Curcio, licenciado en Economía de la UBA, miembro del Conicet y docente: “es muy importante su monitoreo para identificar el peso relativo que tiene la educación en cada provincia, y por consiguiente para analizar el financiamiento educativo en general”.

Concretamente, en el plano nacional, los gastos en educación de los presupuestos provinciales que se destinan a pagar salarios de docentes y no docentes promedian el 78 por ciento del total; y la segunda prioridad, hacia el último año relevado, son las transferencias al sector educativo privado (12 por ciento, en promedio), que también, en mayor o menor medida, financian plantas de personal.

Desglosando el fenómeno por jurisdicciones, si bien todas dedican más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de personal, existen algunas diferencias; las que destinan los porcentajes más elevados son Chubut (91%) y Neuquén (86%). En el otro extremo, las que menos le asignan son San Luis (66%), Formosa y la CABA (69%).

Tal como lo destacan los investigadores, la Ley de Educación Nacional estableció en 2006 que el presupuesto destinado a la educación no debe ser menor al 6% del Producto Bruto Interno, meta que sólo se alcanzó en 2009, 2013 y 2015; el compromiso abarca tanto al gobierno nacional como a las jurisdicciones provinciales, que a partir de los años ‘90 se hicieron cargo masivamente de la mayoría de las instituciones educativas (a excepción del sistema universitario nacional).

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Con el 90% de los gastos educativos destinado a salarios, tal como lo pone en relieve Argentinos por la Educación, los porcentajes disponibles para ítems como “Bienes y Servicios no personales” y “Erogaciones de Capital”, no superan el 3 por ciento cada uno.

“El informe permite advertir algunos problemas comunes a las diferentes jurisdicciones, como la excesiva participación del componente salarial en los presupuestos educativos”, señala Juan Doberti, docente e investigador de la UBA.

“En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos” añade Doberti: “los escasos recursos deberían emplearse de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones”.

Para Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación, “el análisis del objeto del gasto resulta significativo dado que la mayor erogación, por lejos, es el salario docente, seguido en la mayoría de las provincias por las transferencias al sector privado (que son subsidios a las escuelas de gestión privada). Es muy notoria la baja proporción de gasto destinada a la inversión en infraestructura (bienes de capital)”.

“Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada” advierte el especialista, “dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en proveer bienes de capital a las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo estatal por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”,

De todos modos, la correlación entre mayor inversión educativa y eventuales mejores resultados de aprendizaje está bajo la lupa., Así lo explica Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo: “No hay muchos estudios sobre la relación entre ambas variables en Argentina, y de todos modos, en general son estudios controvertidos sin resultados concluyentes”.

En el subibaja

Entre 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con menos 8,8 puntos porcentuales en los 17 años tomados como referencia) y Mendoza (con una merma de 7,3 puntos) fueron las que más redujeron el financiamiento educativo como porcentaje de su gasto total.

En el mismo período, Salta (8,1%) y Neuquén (6,6 puntos porcentuales) fueron las jurisdicciones con mayor repunte, al aumentar la proporción presupuestaria destinada a educación.

El informe considera el total del gasto con finalidades educativas, más allá de qué ministerio lo ejecute. De acuerdo con ese indicador, en el último año medido, las jurisdicciones que dedicaron mayor proporción de su presupuesto a la educación fueron Buenos Aires (30,8%) y Salta (28,8%). Y las que menos, la CABA (16,7%) y Santa Cruz (17,6%).

Cabe mencionar que según el Censo Nacional 2022, las cinco provincias con mayor población son Buenos Aires, con 17.569.053 habitantes (15.625.084 en 2010); Córdoba, con 3.978.984 (3.308.876 en 2010); Santa Fe, con 3.556.522 (3.194.537 en 2010); Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.120.612 (2.890.151 en 2010); y Mendoza, con 2.014.533 (1.738.929 en 2010).

En este contexto, además de los mencionados anteriormente, los distritos que redujeron la participación educativa en sus presupuestos desde 2004 fueron Catamarca (-1,74%), Jujuy (-2%), Corrientes (-2,1%), Santa Fe (-3,0%), Córdoba (-3,74%), Chaco (-5,43%), San Juan (-6,4%) y Santiago del Estero (-6,9%).

“La descentralización educativa que rige en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional. Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, afirma Javier Curcio.

“Cada vez que se habla de inversión educativa, se suele mirar al Estado nacional, pero se soslaya que la responsabilidad es de las provincias. Este trabajo permite ver a todas y cada una de ellas” aporta Morduchowicz: “además, muestra distintos períodos y signos políticos. Las caídas en distintas provincias obligan a pensar sobre el rol que tiene allí la educación. Y las oscilaciones y retrocesos muestran la dificultad de programar y sostener acciones educativas en contextos tan inestables. El ministerio nacional tiene programas que pueden compensar algunas inequidades, pero su poder de fuego es pequeño con relación al total de los presupuestos provinciales”.