La Legislatura debería transparentar sus gastos presupuestarios

El escándalo registrado a partir de la detención de un puntero político que fue sorprendido por la policía jornadas atrás, cuando retiraba una suma millonaria a través de un cajero automático de la Ciudad, mediante el uso de tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense, dejó a la vista -una vez más- la falta de transparencia en el manejo de los recursos presupuestarios del Poder Legislativo y la necesidad de que existan mecanismos de control que impidan estas irregularidades que, lamentablemente, tienen larga data.

Como se sabe, ahora el Fiscal General del fuero penal platense anunció que apelará en los próximos días la anulación de la causa que había decretado la Cámara de Apelaciones platense que, en un polémico y dividido fallo emitido días atrás, consideró presuntas fallas procesales en la investigación y, subsiguientemente, ordenó la liberación del acusado.

Tal como se informó en este diario, el puntero había sido sorprendido en el cajero automático de 7 y 54 sacando dinero. Cuando la Policía lo requisó, le secuestró unas 48 tarjetas de débito y cerca de 1,2 millones de pesos, que se supone estuvo extrayendo durante varios minutos.

El voto mayoritario del Tribunal consideró que esta requisa de la Policía y posteriores allanamientos se habían realizado sin una previa autorización judicial. Sin embargo, el tercer integrante de la Cámara validó la investigación y sobre esa base se apoyaría el fiscal para recurrir el fallo. Cabe señalar que la mayoría del tribunal planteó la nulidad de la detención y así se “cayó” toda la investigación.

En cuanto al fondo del asunto, no se trata de poner el acento en el monto mencionado aquí -que podría ser muchísimo mayor si se lo extiende hacia el pasado- sino en reiterar que no se encuentran blanqueados los gastos legislativos bonaerenses y que, también, los mecanismos de designación del personal debieran ser puestos bajo la lupa, ya que a partir de ellos se desprende la necesidad de realizar enormes erogaciones presupuestarias, sin que presuntamente existan, en muchísimos casos, contraprestaciones laborales por parte de los designados.

Lo cierto es que este tipo de situaciones no pudo ser corregido a lo largo de las últimas cuatro décadas y, por el contrario, se vino agravando en la Legislatura. Es más, se conoce que cuando se hacen públicos estos casos, pese a los escándalos que generan, tanto el oficialismo como las oposiciones de turno mantienen ambos un absoluto silencio.

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Por supuesto que no puede cuestionarse la existencia de un poder que representa nada menos que a la soberanía popular, que hace a la esencia del sistema democrático.

Se trata sólo de reclamar una mayor transparencia y una reducción de los enormes gastos que insume, aunque muchos de ellos nada tienen que ver con la funcionalidad de la Legislatura.

Resulta lamentable que aun cuando la gran mayoría de la ciudadanía sigue confiando en las instituciones propias de la democracia es inevitable reparar en que crecen expresiones de desencanto. Una de ellas es la reducción de la cantidad de votantes en varias elecciones de distinto carácter. La dirigencia no puede ignorar ese llamado de atención y si bien la crisis económica que determina el aumento de la pobreza en el país es la causa principal del disconformismo social la corrupción es un importante motivo de irritación. En relación a esto último existe un reclamo persistente respecto a la necesidad de transparentar todos los gastos del Estado y terminar con el exceso del gasto político.

Ante estas circunstancias los funcionarios de los tres poderes del Estado Nacional y de los Provinciales tienen la ineludible obligación de aplicar rigurosamente la ley ante cualquier delito cometido en la administración del dinero del sector público.

Lograr la permanente confianza de la ciudadanía en el sistema requiere no solo decencia sino también actitudes austeras.