Reformas económicas: resignar en pos del objetivo central

El Gobierno espera que la Cámara de Diputados habilite la semana próxima el tratamiento de la Ley Ómnibus, para que sea debatida en el recinto el jueves 25 de este mes.

Pero está resignado a que no llegue al debate el texto completo, que contiene 664 artículos, sino el núcleo de propuestas económicas y fiscales que incluyen la declaración de emergencia económica y administrativa, la reforma del Estado, cambios en la política tributaria (como una baja en el piso de Ganancias y la ampliación del pago retenciones) la autorización para privatizar empresas del Estado y la supresión de la ley de movilidad jubilatoria.

Durante los últimos días el oficialismo mudó su postura del “todo o nada” y comenzó a tener una actitud más negociadora.

Primero fue la modificación de los artículos que regulaban la pesca en el Mar Argentino (sobre todo garantizar que no se autorice a barcos extranjeros a pescar dentro de las 200 millas).

Y esta semana, en el plenario de comisiones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que los artículos sobre reforma electoral podrían debatirse en las sesiones ordinarias, a partir del 1 de marzo. También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio de baja el artículo que obligaba a pedir autorización a las reuniones con más de tres personas en espacios públicos.

Ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el de Economía, Luis Caputo, se reunieron con gobernadores de Juntos por el Cambio y admitieron la posibilidad de introducir cambios en dos temas que preocupan a los mandatarios provinciales: la regulación del biodiésel (el proyecto propone suprimir la limitación de empresas que puedan producir biocombustibles y abrir el juego a nuevos participantes) y las nuevas retenciones que alcanzan a algunas exportaciones regionales.

Sin dictamen unificado

Sin embargo, las modificaciones al proyecto del Gobierno podrían alcanzar también a algunos de los artículos incluidos dentro del capítulo de reforma económica y fiscal.

En el oficialismo ya están resignados a que la emergencia económica sea acotada en el tiempo: en lugar de 2 años prorrogables por el mismo periodo, la autorización sería de un año con otro año más de continuidad. Esa es la posición unánime de los 37 diputados del PRO que conduce Cristian Ritondo, con los 23 de Hacemos Cambio Federal a cuya cabeza está Miguel Pichetto y 34 de la UCR, presididos por el cordobés Rodrigo de Loredo.

Estos bloques, junto a los 38 legisladores de La Libertad Avanza conformarían un núcleo duro de 132 diputados, tres más de los que necesita el oficialismo para que el proyecto de ley sea tratado en el recinto de la Cámara baja.

Pero tampoco hay consenso en la privatización de empresas (hay resistencia de los bloques no peronistas a que el estado se desprenda de YPF y del Banco Nación) y otro asunto complicado es el cambio de la movilidad jubilatoria. Los radicales también objetan el blanqueo impositivo.

Por esa razón, ante una consulta de El Día admitieron que no habrá un dictamen unificado sino varios.

Tampoco hay unanimidad en aprobar el artículo 654 del proyecto, que en una sola línea “ratifica” el mega decreto de necesidad y urgencia N° 70/2023.

En tanto el peronismo, nucleado en Unión por la Patria (que tiene 105 diputados) y la izquierda del FIT (5 diputados) adelantaron que votarán en contra de todo el proyecto. Y hay negociaciones con los gobernadores de Neuquén y Río Negro por el voto de sus diputados.