Crece la polémica por el blanqueo ante una posible judicialización

La decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce Axel Kicillof, de no adherir al blanqueo de capitales propuesto por el gobierno de Javier Milei, desató una fuerte polémica no solo entre los contribuyentes y empresas que ya entraron a la regularización fiscal y que deberán pagar impuestos provinciales, sino que tanto estudios de abogados como contables empezaron a alentar la posibilidad de dirimir el tema en la Justicia.

Los ministros de Economía provincial, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco, indicaron que la adhesión al blanqueo nacional no se incluyó en el proyecto de ley impositivo enviado a la Legislatura, y no se presentará como una propuesta separada.

Esta decisión afectará a los contribuyentes que ya han participado en el blanqueo y por eso tributaristas ahora esgrimen que personas físicas y jurídicas podrían invocar el

artículo 75 de la Constitución Nacional, que refiere en sus incisos a la “cláusula de progreso”, por la cual las jurisdicciones provinciales y municipales no podrían aplicar impuestos o tasas sobre lo declarado.

De avanzar la Provincia en su idea, podría cobrar un 3% sobre lo declarado, que puede trepar al 5% si se lleva adelante una actividad comercial, y también, en caso de corresponder, impuestos a los Sellos e Inmobiliario.

Pero también hay otra cuestión a desandar: la Ley 27.743 prevé que lo recaudado por el blanqueo por parte de la Nación es coparticipable, así que una parte de lo que le ingrese al fisco nacional terminará en las arcas de la Provincia. Por ende, hay por delante una posible negociación política que podría abrirse para dirimir la cuestión entre ambas jurisdicciones.

“Si seguimos esa línea, también los municipios podrían cobrar tasas, penalizaciones y multas. Hasta ahora nadie se expidió al respecto, pero es una puerta que también queda abierta y desalienta al que tiene que entrar”, le dijo a este medio un abogado especialista en derecho tributario.

La postura del gobierno de Kicillof es no aplicar una tasa especial, como sí lo hicieron otras jurisdicciones provinciales como Santa Fe, que aplicará una tasa del 2% sobre activos superiores a los U$S100.000, mientras que Neuquén establecerá alícuotas progresivas que van desde el 0,75% al 1,25%, en tanto que Salta cobrará 10% sobre lo tributado a la Nación.

“Vamos a cobrar todos los impuestos que correspondan garantizando el derecho de lo que se blanqueó a nivel nacional, que tienen que ver con la tenencia. Es decir, si con ese dinero el contribuyente compra una casa, tendrá que pagar el impuesto inmobiliario, pagará sellos, o si expresa en el balance de su empresa una ganancia a partir del blanqueo, deberá pagar Ingresos Brutos, y cualquier otro impuesto provincial porque no hay ninguna ley que condone el incremento patrimonial que se origine por el blanqueo”, explicaron desde el gobierno bonaerense.

“Es un mal antecedente para las inversiones, algunas de las cuales ya estaban en duda por la polémica sobre el RIGI, pero ahora con esta decisión sin dudas se desalienta a personas y empresas que tienen su domicilio fiscal en la Provincia respecto a los pasos a seguir tanto en la exteriorización de bienes que legalmente les habilita la Nación hasta el avance de nuevos proyectos en el caso de los empresarios”, explicaron los especialistas.

“Al no adherir la Provincia, ARBA podría llegar a investigar si se evadieron tributos provinciales, como ingresos brutos, sellos o algún tributo patrimonial. Pero no es muy lineal el tema, porque más allá de que las acciones podrían encaminarse sobre contribuyentes de la provincia, puede que se trate de ingresos o activos fuera de esa jurisdicción y que se generaron por actividades fuera de la provincia”, afirmó el abogado y socio de Expansión Holding, Diego Fraga.

A las cuentas bancarias CERA, que se abrieron únicamente para exteriorizar en los bancos fondos del blanqueo, no se aplican retenciones, por un acuerdo al que adhirieron todas las provincias y CABA.

Por ahora, el intercambio de información entre ARCA (la exAFIP) y ARBA no es fluido, por lo que el acceso a la información que tiene el gobierno nacional de personas y empresas que adhirieron al blanqueo se limita a nombres y números de CUIT, pero no a movimientos bancarios.

La ley nacional dice que lo recaudado por el blanqueo por parte de la Nación es coparticipable