Hace unos días atrás, Lucas Puig fue externado de la Unidad Penal de Magdalena, donde cumplía condena, por una cuestión médica. Su salud había desmejorado notoriamente y, para compensarlo, necesitó de varias transfusiones de sangre por una grave afección abdominal.
“Dicho estado conlleva el riesgo de severas complicaciones, no solo físicas, sino vinculadas a su salud mental. Por eso genera la necesidad de contemplar el riesgo de exposición del Señor Puig a las diferentes patologías que prevalecen en el contexto de encierro. Enfermedades infectocontagiosas favorecidas por las condiciones de hacinamiento, que agravarían el cuadro clínico del enfermo y las limitaciones del sistema de salud penitenciario para la atención de esta clase de patologías”, reflejó un informe oficial.
En el mismo documento se expresó que, en situación de detención, “no está garantizada las condiciones sanitarias para afrontar un tratamiento de tamaña magnitud”.
Por eso, luego de un paso por el hospital de la vecina ciudad, recaló en el HIGA San Martín de La Plata, donde su realidad no dejó de ser crítica.
“Está con tratamiento paliativo, con una cánula de apoyatura respiratoria y pronóstico reservado”, confiaron a este diario fuentes del caso.
Por eso, respecto del futuro del proceso, hay una enorme incertidumbre.
Ayer, en atención a lo resuelto por en la máxima instancia penal de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó un juicio de cesura con una nueva integración de magistrados, para determinar qué delito y sanción corresponde aplicar a lo que se dio por probado, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, Cecilia Inés Sanucci, Hernán Javier Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo, presentaron su excusación a seguir interviniendo en las actuaciones y remitieron la causa a la Cámara de Apelación y Garantías para el sorteo de rigor.
Precisamente, esta decisión también genera interrogantes sobre quiénes resolverán los eventuales planteos que se hagan en el expediente, al margen de lo estrictamente vinculado a la cuestión anterior, que -se sabe- tendrá que ser con la participación de otros funcionarios.
En tanto, de fuentes cercanas a la defensa del profesor de música, que encabezan Daniel Apaz, Adrián Fernández Koenig y Gastón Nicocia, trascendió que no se descarta la interposición de una denuncia para dar inicio a un proceso de jury. El voto de Víctor Violini sería un puntal para sostener dicha presentación.
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