Arranca julio y se vienen nuevos aumentos: qué sube y cuáles incrementos frenó el Gobierno

Se viene julio y evitar que el impacto en la inflación, el Gobierno decidió postergar algunos incrementos que estaba previsto que entrarán en vigencia a partir del lunes próximo. Sin embargo, hay otros que siguen en pie y se sentirán en los bolsillos de los usuarios.

Agua:

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) completará el ajuste de su tarifa que ya subió en mayo con un aumento del 50% para los usuarios de unas 90 localidades de la provincia de Buenos Aires.

El incremento fue autorizado por el Gobierno a través de la Resolución N° 458, donde se aprobó los valores tarifarios de ABSA que comenzaron a regir en mayo con un ajuste del 200% y que desde julio sumará un 50%. De esta manera, la boleta tanto para el servicio no medido (la gran mayoría) como para el servicio medido, completará un aumento acumulado del 350%.

La justificación de la empresa estatal para la suba se basó en el proceso inflacionario, la devaluación implementada por el Gobierno nacional en diciembre y que las tarifas no fueron actualizadas durante el último año y medio.

Prepagas:

Desregulados los precios, varias de las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus clientes que en julio realizarán ajustes en lo que abonan por el servicio. Si bien depende de cada firma, el aumento en la cuota rondará entre un 4% y un 10%.

Internet, telefonía y cable:

Antes que el Gobierno nacional anunciara la desregulación de las tarifas de Internet, telefonía móvil y TV por cable, las empresas del sector informaron que en julio aplicarán un nuevo aumento en los precios de los productos que ofrecen.

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Un relevamiento hecho por las distintas empresas arroja que la suba rondará el 10% y se abonará con la factura que tiene vencimiento los primeros días de julio.

Ayer, el Gobierno nacional liberó a las empresas prestadoras a fijar los valores de los servicios que brindan. Así lo indica la Resolución 13/2024 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para lo que dejó sin efecto una serie de normas que iban en consonancia con la derogación del decreto firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, en agosto de 2020, que declaraba como servicios esenciales a Internet, telefonía móvil y televisación por cable en el marco de la pandemia.

En función de ello, la norma congelaba precios y fijaba que los aumentos de las tarifas debía fijarlos el ENACOM. A partir de esta nueva resolución, quedan sin efecto las distintas resoluciones que establecían topes a los precios en las facturas.

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como "servicios públicos esenciales y estratégicos", otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para "salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia".

Alquileres:

Aunque la Ley de Alquileres fue derogada, siguen vigentes contratos que fueron firmados bajo esa norma. En esos casos, los inquilinos tendrán que afrontar un fuerte incremento a partir del mes que está por comenzar, suba que se define en base a una fórmula.

Aquellas personas que hayan firmado contrato bajo la Ley de Alquileres tendrán un incremento promedio del 244%, dato que surge de la fórmula compuesta por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y el RIPTE, que es sobre los salarios. Así surge el Indice de Contratos de Locación (ICL), informado todos los días por el Banco Central.

Los aumentos que frenó el Gobierno:

El Gobierno dio marcha atrás con el aumento previsto en las tarifas de luz y gas, mientras que tampoco aplicará ajustes sobre el impuesto a los combustibles.

En el caso de los combustibles, el impuesto iba a actualizarse un 115% y el impacto en el surtidor iba a llegar al 18% en la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de postergar las medidas es evitar que haya presiones adicionales sobre el costo de vida y levantar el pie del acelerador con la aplicación de más costos sobre hogares que han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

La intención es contemplar la estacionalidad (es decir el mayor consumo por el invierno). La decisión se tomó, en principio, sólo para las tarifas de julio con la intención de sostener la recuperación del poder adquisitivo de la población.

La medida se establece para los consumos hogareños del mes que viene y, dependiendo de la fecha de facturación, en principio la mayoría de los usuarios lo pagarían en agosto.