Pymes en alerta por un fallo de la Corte sobre las indemnizaciones

Sectores vinculados a la actividad productiva suman una nueva preocupación en el tema de las indemnizaciones porque ahora la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del artículo de la ley de Convertibilidad que prohibe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias y con esta decisión le abrió la puerta a reclamos laborales que encendieron las alarmas de las pymes bonaerenses.

Tal como ocurrió con la reciente aprobación de un proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados provincial -trabado ahora en el Senado-, que propone encarecer despidos e indemnizaciones en territorio bonaerense, el fallo del máximo tribunal bonaerense fue reprobado por entidades que agrupan a pequeñas y medianas empresas, como la UIA y la UIPBA, entre otras.

Las pymes bonaerenses se pusieron en alerta por el fallo de la Suprema Corte, el cual tuvo acceso este diario, que recomienda indexar las indemnizaciones laborales de acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa pura del 6 por ciento anual desde la fecha de exigibilidad hasta la fecha de efectivo pago, reemplazando así a la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio.

Además estableció los criterios que se deben tener en cuenta para la determinación de las deudas de valor dándole al juez una amplitud discrecional que permite reclamos de actualización de créditos laborales que por la magnitud que pueden alcanzar, pone a las pequeñas y medianas empresas en una complicada situación.

Los ministros Sergio Torres, Daniel Soria, Hilda Kogan y Luis Genoud (ahora jubilado), tuvieron en cuenta que “las recurrentes crisis financieras y los trastornos que ocasiona la inflación impactan fuertemente en las relaciones jurídicas”. “En las últimas décadas se aprobaron normas legales y reglamentarias, y programas que contenían medidas de todo calibre destinados a resolver la problemática, como la ley de convertibilidad que luego fue reformada por la de emergencia social, económica, administrativa y cambiaria”, argumentaron.

Pero señalaron que la devaluación del peso produce una merma al crédito. “La inflación es un factor tan corrosivo para el equilibrio negocial y para la realización eficaz de los derechos”, expresaron, y añadieron que “el enfoque interpretativo debe partir del reconocimiento de esta compleja problemática, ya que lo contrario sería negar la realidad”. Por eso, opinaron que el sistema de actualización hasta ahora aplicado, con intereses con tasa pasiva, arroja “de manera elocuente una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante”.

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Fuerte crítica

“Atenta contra la generación de trabajo y no contribuye a la seguridad jurídica, algo fundamental para fomentar inversiones. Lo último que debemos hacer es continuar desincentivando la generación de empleo”, consideró Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba).

La entidad bonaerense, acompañada por la Unión Industrial Argentina, le solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones que reconsidere la decisión: “Las pymes son las mayores empleadoras del país y no pueden hacerle frente a esas erogaciones. Esto, sumado al ordenamiento económico que atravesamos con caída en la actividad, mantener una pequeña empresa se vuelve insostenible”, aseguró, y advirtió: “La protección del poder adquisitivo de una indemnización no puede ir en contra del derecho de propiedad de los empleadores”.

“Debemos buscar, entonces, las soluciones más razonables para que la protección del crédito de un trabajador no ponga en riesgo el mantenimiento de la fuente de empleo. La preservación de las empresas sostenibles es condición necesaria para el trabajo decente y productivo”, pidió la Uipba a la Justicia.

Cómo ya informó este diario, otras entidades empresariales de nuestra región y del interior de la Provincia ya se pronunciaron muy fuerte contra el proyecto de ley del gobierno bonaerense en cuanto a la actualización de las indemnizaciones laborales.

El caso evaluado por la Suprema Corte se vincula a un accidente de tránsito ocurrido en 2013 que derivó en un debate legal en las instancias inferiores sobre los criterios para establecer las deudas de valor y el alcance de la indexación.

Conocido como el fallo “Barrios” da cuenta del litigio iniciado por Héctor Francisco Barrios y Miriam Susana Nuñez por daños y perjuicios contra la otra parte involucrada en el siniestro vial ocurrido por un choque entre dos automóviles en Morón.