Separan a un juez de Faltas de La Plata por el escándalo de las fotomultas en la Provincia

Tras la renuncia del exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, la Justicia puso la mira en su entorno, en medio de la investigación por el presunto esquema paralelo que habría permitido anular fotomultas a cambio del pago de un porcentaje del monto de la infracción y por una denuncia sobre supuestas irregularidades en licitaciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Más allá de las responsabilidades que podrían caberle a D’onofrio, los reflectores apuntaron también a otros funcionarios, entre ellos el ahora ex juez provincial de faltas ante el Juzgado Provincial de La Plata y San Isidro, Mario Quattrochi, quien quedó en medio del escándalo y este viernes el flamante ministro de esa cartera Martín Marinucci decidió apartarlo del cargo. 

A Quattrochi, que tenía las oficinas del juzgado en 7 entre 42 y 43, lo vinculan con las fotomultas por la existencia de presuntos gestores ilegales que ofrecían a los infractores eliminar la sanción del sistema a cambio del pago de un porcentaje de la multa, pero también lo investigan por presunto lavado de dinero. ¿Cómo operaba? El fiscal Álvaro Garganta, que lleva adelante el caso, cree que rebaja el pago a más de la mitad de multas abultadas de los Juzgados de Faltas municipales de varios municipios bonaerenses, o bien apenas se le exigían tareas comunitarias. Lo que pagaba el infractor, se estima, se repartía entre funcionarios y gestores, haciendo perder recaudación a la Provincia.

Desde Transporte se informó que desde que asumió Marinucci se intimó formalmente a los intendentes de los municipios adheridos al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de transito (SACIT) a que ratifiquen o rectifiquen los usuarios del Sistema en un plazo de 72hs y a los Juzgados provinciales de igual manera pero en un plazo de 48hs. Luego de aplicada esta acción, se procedió a un ordenamiento de los usuarios, con lo cual se se dio de baja el rol juez a 8 usuarios que correspondían a secretarios y Prosecretarios de los juzgados provinciales, a 15 usuarios que correspondían a Secretarios, Prosecretarios y Orientadores de los juzgados municipales, a 15 usuarios provinciales de los distintos juzgados y a 47 usuarios municipales de los distintos juzgados.

Quién es es quién en el escándalo de la VTV y las fotomultas

Otro apuntados son Claudia Pombo, mano derecha del exministro y presidenta del Concejo Deliberante de Pilar hasta que estalló el escándalo. Bajo la mira de la Justicia también aparece Roxana Pombo, hermana de Claudia, también concejal de Unión por la Patria y que el 8 de mayo de 2024 había sido designada por D’Onofrio como Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial.

Otro de los apuntados es Facundo Asencio, yerno de Claudia Pombo y nombrado en agosto de 2022 como Director de Fiscalización y Control en la cartera de Transporte. Ninguno de estos nombres figura actualmente en el organigrama del ministerio que quedó a cargo de Martín Marinucci.

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En cambio, aparecen en el expediente en el que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil tanto de D’Onofrio como de las hermanas Pombo, Asencio y otros cuatro investigados sobre los que la Justicia pretende recolectar información relevante respecto a fondos, movimientos y saldos.

Por ejemplo, se busca dilucidar si en el período en el que D’Onofrio ejerció como Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y Pombo como presidenta del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Pilar, ambos funcionarios incrementaron de forma injustificada e ilícita su patrimonio, presuntamente a partir de las acciones delictivas antes mencionadas.

Esta hipótesis se evalúa bajo lo estipulado en el artículo 268 (2) del Código Penal, que sanciona el enriquecimiento ilícito, y el artículo 249, relacionado con la violación de los deberes de funcionario público.

El juez también había considerado que dicho incremento patrimonial podría haberse logrado mediante la intervención de personas interpuestas, tanto físicas como jurídicas, incluyendo a integrantes del núcleo familiar y de confianza ya señalado en la investigación.

Allanamiento de un hotel en Pilar

En este marco, la Justicia viene avanzado en la investigación sobre D’Onofrio y días atrás efectivos de Prefectura Naval allanaron el Sheraton Pilar, donde operaba una financiera sospechada de lavar dinero mediante contratos irregulares.

El procedimiento fue ordenado por el juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, quien investiga al ex ministro y a Claudia Pombo. Según la denuncia, ambos habrían favorecido la contratación de Solutiontec, empresa encargada de los turnos de la VTV, cuyo director está vinculado a Token Capital, la financiera allanada. Durante el operativo en la planta baja del hotel, los agentes hallaron documentos que podrían probar el lavado de dinero, además de registros vinculados a otros negocios, como una peluquería investigada por los mismos motivos.

Los investigadores revisaron también depósitos y bauleras en busca de más pruebas. Las primeras sospechas apuntan a que Token Capital jugó un rol clave en un esquema que habría desviado fondos públicos hacia empresas privadas, incluyendo coimas para borrar fotomultas.