Polémica en el sector industrial por desregulación de importaciones de maquinaria usada

El Gobierno Nacional oficializó esta semana una nueva medida de desregulación que permite importar bienes de capital usados sin necesidad de un trámite previo ni autorización estatal. A través del Decreto 273/2025, quedó eliminado el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), vigente durante más de 30 años. La decisión desató una fuerte polémica entre los fabricantes nacionales, que advierten un posible impacto negativo en la industria.

Según datos oficiales, solo en lo que va de 2024 se habían tramitado cerca de 1.500 expedientes para obtener el CIBU. “Estamos eliminando una traba innecesaria que no hacía más que demorar inversiones y encarecer procesos productivos”, indicaron desde el Gobierno. Además, la eliminación del certificado pone fin a una normativa que prohibía importar maquinaria cuando existía un fabricante local, algo que ya contradecía lo dispuesto en el Decreto 70/2023.

En este contexto, el sector agroindustrial expresó su preocupación. La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT) fue una de las voces más críticas y advirtió que la medida podría significar “la destrucción del futuro agrícola nacional”.

El reciente informe de CREA, incluido en su Reporte de Actualidad Agro de abril, expuso cifras que intensifican el debate. En Argentina, el valor de una cosechadora usada más que duplica el precio que pagan productores de Brasil o Estados Unidos. “Las crecientes restricciones para importar, implementadas especialmente desde 2022, llevaron a un incremento muy importante de la maquinaria en dólares. En efecto, los valores promedio de las cosechadoras, los tractores y las sembradoras vendidas subieron 47%, 46% y 38%, en dólares, respectivamente, entre 2021 y 2024”, señala el estudio.

Además, CREA comparó precios de maquinaria usada —como cosechadoras, tractores y pulverizadoras— en mercados como Brasil, Estados Unidos, Australia y Canadá, y concluyó que “Argentina tiene un costo de capital significativamente más elevado que la competencia (de +50% a +163%, según la maquinaria) y mucho más si se mide en términos de granos, dado el efecto de los derechos de exportación”.

La decisión oficial busca facilitar el acceso a tecnología y equipamiento a menor costo, pero reabre una discusión sensible sobre el equilibrio entre apertura comercial e industria nacional. El debate, lejos de cerrarse, recién empieza.