Tarifas de gas: el Gobierno evalúa eliminar el beneficio "Zona fría" y podría impactar fuerte en Provincia

El Gobierno Nacional quiere eliminar por decreto de necesidad y urgencia la ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada por ley durante el gobierno de Alberto Fernández.

Abogados del Ministerio de Economía están estudiando las consecuencias legales de un DNU de esas caraceterísticas, según indicó el sitio especializado en energía Econojournal. 

La ampliación del esquema de subsidios al consumo de gas en zonas frías -que este año le costará al Tesoro unos US$ 300 millones- se aprobó en 2021 a través de la ley 27.637, e incorporó a 3,1 millones de usuarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere retrotraer la ampliación aprobada en 2021 del Régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia hasta un 50% del costo del gas natural para usuarios ubicados en áreas consideradas por el Estado de ‘bajas temperaturas’. 

Se trata de un esquema que, cuando se creó, a principios de este siglo XXI, subvencionaba la demanda del fluido en la Patagonia, una región indefectiblemente afectada por severas condiciones climatológicas, pero que durante el gobierno de Alberto Fernández se extendió -utilizando dudosos criterios técnicos- a la mitad de los usuarios residenciales de gas natural del país.

Por ejemplo, el régimen de Zona Fría no distingue el ingreso socioeconómico ni el poder adquisitivo del hogar beneficiado. 

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De ese modo, tras la expansión del esquema en 2021 impulsado por el kirchnerismo, miles de personas de ingresos medio-altos de la zona núcleo con mayores ingresos del país, como por ejemplo el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y también Mendoza, reciben un subsidio importante al consumo de gas.

Ese subsidio se financia con una doble vía: a través de un recargo de casi 7% en la factura de gas que pagan todo el resto de los usuarios -inclusive aquellos hogares de bajos recursos que terminan transfiriendo, a contramano de toda lógica redistributiva, parte de su renta a personas de mayores ingresos socioeconómicos-. 

Y por el otro, por medio de aportes directos del Tesoro Nacional, pese a que cuando se aprobó la ampliación del régimen referentes energéticos del kirchnerismo prometieron que no sería necesario que el Estado destine fondos de forma directa para financiar el funcionamiento del sistema. 

La ampliación de los beneficios por Zona Fría dejaría sin efecto la ley 27.637, aprobada en 2021, que amplió las subvenciones de 850.000 a 4.000.000 de usuarios de gas natural, la mitad de los hogares del país, incluso llegando a zonas de la Argentina con clima templado.

En el gobierno evalúan la vía del DNU porque saben que es complejo que la Ley 27.637 pueda revertirse en el Congreso, no tanto porque diputados y senadores no quieran corregir el sistema -buena parte de los legisladores de la Comisión de Energía de casi todo el arco político reconoce en reserva que el régimen de Zona Fría se desvirtuó post-ampliación de 2021-, sino porque los gobernadores no querrán pagar el costo político de votar una Ley que implique en la práctica un aumento de las tarifas de gas natural en sus provincias, explica EconoJournal.

La publicación del DNU, que podría implementarse después de las elecciones legislativas de octubre, modificaría los subsidios al consumo de gas a unos 3,1 millones de usuarios que ingresaron como beneficiarios con la ampliación del régimen de 2021. Se volvería, de esa manera, a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe. 

Desde el área energética del gobierno ya comenzaron a implementar medidas para ir eliminando el subsidio por “zonas frías”, como los usuarios titulares de más de un medidor.

Según un estudio realizado por la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, la ampliación del régimen de Zona Fría generó un efecto no deseado, ya que el consumo unitario (por hogares) de gas natural se incrementó 7% entre 2021 y 2024 en las regiones que se incorporaron al esquema en 2021, a la inversa de lo que sucedió en las provincias que quedaron por fuera del programa, donde la demanda unitaria del fluido cayó hasta un 9% en el mismo período.