A esto se suma un tercer elemento: las autorizaciones de endeudamiento. En un contexto donde el acceso al financiamiento es limitado y el Gobierno Nacional mantiene una política restrictiva en materia de avales y garantías, la posibilidad de endeudarse se convierte en un recurso clave para sostener el gasto provincial. Sin embargo, al igual que con los ATN, las autorizaciones no se distribuyen de manera uniforme, generando diferencias adicionales en la capacidad de respuesta de cada jurisdicción.
La combinación de estos tres factores —coparticipación en caída, transferencias discrecionales sesgadas y acceso desigual al financiamiento— configura un esquema que penaliza especialmente a la Provincia de Buenos Aires. No se trata únicamente de un problema de recursos, sino de reglas de juego. Una provincia con mayor peso demográfico y económico enfrenta, paradójicamente, mayores restricciones relativas para sostener su funcionamiento.
Este punto no es menor desde una perspectiva macroeconómica. Buenos Aires no es una provincia más: su desempeño impacta de manera directa sobre la actividad económica nacional, el empleo y la recaudación. Un esquema que sistemáticamente la desfinancia no solo genera inequidades territoriales, sino que también limita el potencial de crecimiento del conjunto de la economía.
En síntesis, el ajuste fiscal en Argentina no es neutro desde el punto de vista territorial. Los datos recientes muestran que, aun en un contexto de restricción generalizada, persisten —y en algunos casos se profundizan— las asimetrías en el tratamiento de las provincias. La situación de Buenos Aires es, en este sentido, paradigmática: concentra población y actividad, pero no recursos. Corregir este desbalance no es solo una cuestión de equidad, sino también una condición necesaria para una recuperación económica más sólida y sostenible
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