Federalismo selectivo: transferencias, deuda y el sesgo contra Buenos Aires

INSTITUTO DE ECONOMÍA APLICADA
UNIVERSIDAD DEL ESTE

En un contexto de fuerte ajuste fiscal a nivel nacional, las finanzas provinciales volvieron a ocupar un lugar central en la dinámica económica. La caída de la recaudación, la reducción de transferencias discrecionales y las restricciones al financiamiento configuran un escenario desafiante para las jurisdicciones subnacionales. Sin embargo, este ajuste no se distribuye de manera homogénea: los datos recientes muestran diferencias significativas en el tratamiento que reciben las provincias, particularmente en detrimento de la provincia de Buenos Aires.

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El primer canal para analizar esta dinámica es la coparticipación federal de impuestos. A pesar del mandato de la Constitución Nacional, que en su disposición transitoria sexta establecía que antes de finalizar 1996 (hace 30 años) debía dictarse un nuevo régimen de coparticipación, donde “la distribución de recursos se efectuaría en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y priorizando el logro de un grado equivalente de desarrollo”, continuamos con un sistema que profundiza las inequidades.

El esquema de coparticipación continúa consolidando un reparto que no guarda relación con el peso económico ni poblacional de las provincias. Buenos Aires, que concentra cerca del 40% de la población y una proporción similar de la actividad, sigue recibiendo una porción significativamente menor de los recursos automáticos (en 2025 fue el 22,7% del total coparticipado a Provincias y CABA).

Este desbalance histórico se vuelve más evidente en contextos de ajuste. Cuando la masa coparticipable se contrae, las provincias con menor participación relativa ven agravada su restricción presupuestaria. Actualmente, si observamos la variación promedio de los últimos 12 meses, los recursos coparticipados experimentan una caída del -3,2%, con una tendencia decreciente que viene desde mitad del año pasado, producto tanto de la reducción de ciertos tributos como de la caída de los impuestos ligados a la actividad, debido a la recesión de la industria y el consumo.

El segundo canal —y quizás el más relevante en el corto plazo— son las transferencias discrecionales, en particular los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos, que en teoría deberían destinarse a atender emergencias fiscales o desequilibrios transitorios, han mostrado en el primer trimestre de 2026 una asignación marcadamente desigual entre jurisdicciones.

Los datos evidencian que la distribución de ATN no responde a criterios objetivos vinculados a necesidades fiscales, tamaño económico o impacto social. Por el contrario, se observa una fuerte discrecionalidad en la asignación, con provincias recibiendo montos significativos mientras otras —entre ellas Buenos Aires— quedan totalmente relegadas. Este patrón refuerza la percepción de un federalismo fiscal selectivo, donde las transferencias funcionan más como herramienta de negociación política que como instrumento de equidad territorial.

De esta manera, la provincia que más recursos recibió en el primer trimestre del año fue Corrientes con un monto de 14 mil millones de pesos (19% del total), seguida por Misiones con 9.500 millones, Salta con 7.500 millones, Mendoza con 7.000 millones, Entre Ríos con 6.000 millones, etc. La Provincia de Buenos Aires recibió $0, de la misma manera que la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.