La seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la región suma al menos 50 denuncias radicadas en la Justicia, en un contexto que en los últimos días impactó en el normal desarrollo de las actividades escolares.
Ante este escenario, fuentes judiciales confirmaron que se dispuso la unificación de las causas en una sola dependencia para ordenar la investigación. La medida recayó en la UFI N° 16 del Departamento Judicial local, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que concentrará los expedientes.
De acuerdo a lo informado, a partir de esta decisión se buscará analizar cada caso de manera individual, tomar contacto con las autoridades de los establecimientos afectados e identificar a los responsables. Las amenazas fueron realizadas a través de distintos medios, entre ellos redes sociales, mensajes anónimos y también mediante inscripciones dentro de las propias escuelas.
Casos en distintos distritos
La problemática se registró en varios puntos de la región, principalmente en La Plata y Ensenada, donde se reportaron evacuaciones preventivas, suspensión de clases y operativos policiales.
Según fuentes del área de Seguridad de Ensenada, en ese distrito se contabilizaron al menos seis amenazas: cinco mediante escritos y una a través de mensajería instantánea. En tanto, en Berisso se registró un caso en el que apareció una nota con una fecha consignada para un supuesto ataque, junto a un objeto que simulaba ser un arma.
Si bien no se difundió un listado oficial de instituciones afectadas, algunos episodios tomaron estado público, incluyendo amenazas recibidas por redes sociales y mensajes hallados en baños o aulas.
Medidas y protocolos
Frente a cada situación, se activaron protocolos preventivos que incluyeron evacuaciones, inspecciones de edificios y presencia policial en los establecimientos. Estas intervenciones generaron interrupciones en la actividad escolar y un clima de preocupación entre estudiantes, docentes y familias.
En paralelo, desde áreas de Seguridad y Educación se realizaron reuniones para coordinar acciones y reforzar la prevención. Entre las medidas adoptadas se dispuso intensificar la presencia policial en las inmediaciones de las escuelas y fortalecer la comunicación con los equipos directivos.
Asimismo, se reiteró la importancia de reportar cualquier tipo de amenaza, independientemente de su verosimilitud, para permitir la intervención de las autoridades.
Investigación en curso
Con la centralización de las denuncias, la fiscalía buscará avanzar en el análisis integral del fenómeno. Entre las líneas de trabajo se encuentra el rastreo de dispositivos, cuentas en redes sociales y líneas telefónicas desde donde se originaron los mensajes.
En algunos casos, indicaron fuentes judiciales, se logró identificar a menores de edad como presuntos autores, lo que introduce además la intervención de los fueros correspondientes.
Las actuaciones se enmarcan en figuras como intimidación pública, delito que contempla distintas sanciones según la gravedad de los hechos.
Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de determinar responsabilidades y prevenir nuevos episodios en el ámbito escolar.
REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD
Ante la reiteración de pintadas atemorizantes, los funcionarios municipales y bonaerenses se reunieron ayer jueves en la sede del Ministerio de Seguridad con el objetivo de coordinar medidas de prevención inmediatas.
En la reunión estuvieron presentes los secretarios de Seguridad de La Plata y Ensenada, Diego Pepe y Martín Slobodian, respectivamente. También asistieron representantes de la Dirección General de Educación y Cultura junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el fiscal general adjunto Alejandro Marchet.
Los funcionarios resolvieron proceder con máxima diligencia para frenar una posible propagación, fenómeno que ya afectó a la Región en años anteriores con oleadas de amenazas similares. Las autoridades judiciales y policiales trabajan ahora en la identificación de los responsables de estas pintadas, bajo la premisa de que estos actos no son bromas estudiantiles, sino delitos que alteran el orden público.
La planificación de las fuerzas de seguridad prevé un monitoreo constante en los alrededores de las instituciones mencionadas para garantizar que la jornada del viernes se desarrolle con normalidad y sin riesgos para los estudiantes.
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