El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y resolvió levantar el secreto fiscal y bancario sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, y a la consultora AS Innovación Profesional, propiedad de la pareja.
El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.
Se busca además “verificar el origen” de los fondos que manejó el matrimonio, “contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas”, revisar sus compras y consumos, y “establecer si estos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.
Como parte de las medidas, el magistrado dispuso a su vez el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
La decisión del magistrado sobre el secreto fiscal de Adorni apunta a permitir acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales. Lo que se pretende es poder cotejar mejor la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control y establecer si hubo un enriquecimiento ilícito o no.
EL PEDIDO DEL FISCAL
Pollicita solicitó el secreto fiscal y bancario al que accedió Lijo después de analizar “los elementos ya incorporados” en la causa. Entre ellos, los informes registrales, escrituras, declaraciones juradas patrimoniales y declaraciones testimoniales de la escribana Adriana Nechevenko y del exfutbolista Hugo Morales, primer dueño del departamento de Caballito en el que viven los Adorni.
El fiscal pidió que se levante el secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti desde el 1 de enero de 2022, para hacer “una correcta reconstrucción del patrimonio de los nombrados con anterioridad al ingreso de Adorni a la función pública, así como de examinar, con la amplitud temporal necesaria, las variaciones patrimoniales registradas antes y después de ese hito”.
Pollicita avanzó además con nuevas medidas: ya pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti, la firma MasBe [la consultora de Angeletti] con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado”.
También, que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.
Además, en el marco de la causa, el juez citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio de Caballito. También convocó a los dueños de la inmobiliaria que participó de la operación, al encargado del edificio en el que vive el funcionario y al propietario que le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz.
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