La Justicia busca determinar cuánto cobraba el hermano de Adorni en el Ministerio de Defensa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni -hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni y actual diputado provincial de La Libertad Avanza por La Plata- dio un paso concreto en las últimas horas, cuando efectivos de la Policía Federal se presentaron en el Ministerio de Defensa y se llevaron documentación para esclarecer los nombramientos que tuvo el legislador en la función pública, los cargos que ocupó y su historial de ingresos por sueldos. Ahora, esa información será analizada en Comodoro Py como parte de la evidencia que la fiscalía considera indispensable para reconstruir la evolución patrimonial del menor de los Adorni desde que asumió funciones en el ámbito del Ejecutivo nacional.

Se trató de una orden de presentación firmada por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Guillermo Marijuán. La investigación tramita en el Juzgado Federal N° 6, y desde hoy el expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien había estado de licencia.

La Justicia puso la lupa en el crecimiento patrimonial del hermano del exvocero tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.

En 2024, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50% de una casa en City Bell valuada en $38.790.000, el 50% de un Chery Tiggo 2017 valuado en $5.000.000, y consignó no tener deudas. Un año después, su patrimonio neto habría trepado a $80.500.000: un incremento del 84% en doce meses que disparó las alarmas.

Ese salto se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en apenas doce meses, de un crédito hipotecario del Banco Provincia por unos $60.000.000. Según Pagano, el sueldo de Adorni resultaría insuficiente para justificar ese ritmo de pago. La diputada señaló que, si bien la adquisición del vehículo podría explicarse con sus haberes como funcionario, cancelar doce cuotas de ese crédito en un año no cierra con ningún salario público conocido.

No obstante, la causa no se agota en los números de las declaraciones juradas. Un segundo eje apunta al presunto vaciamiento del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), organismo que estuvo bajo su conducción y que administra recursos del sistema de retiros y pensiones militares. Ese tramo abre un frente institucional más delicado, porque vincula el crecimiento patrimonial directamente con el ejercicio de un cargo público sensible sobre fondos destinados a veteranos y retirados de las Fuerzas Armadas.

Medidas de prueba

En base a esto, el fiscal Marijuán solicitó una batería de pedidos de información para reconstruir la historia económica del investigado desde múltiples ángulos. Pidió informes a más de 30 organismos y ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del imputado. Además, cursó un oficio a Migraciones para conocer sus viajes al exterior y, en caso de cruces por tierra, la identidad de sus acompañantes.

Esta causa tramita de forma independiente a la que enfrenta su hermano Manuel, investigado por gastos mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares que no guardarían relación con sus ingresos declarados, y por movimientos en criptoactivos detectados durante 2024. Toda la documentación recolectada será analizada en Comodoro Py. Dos causas, dos investigados, un mismo apellido.