Una investigación que comenzó en 2024 terminó este miércoles con diez personas detenidas y más de 20 licencias de conducir falsas detectadas. La Policía Federal realizó distintos allanamientos en San Martín y Ezeiza y logró avanzar sobre una organización que, según los investigadores, se dedicaba a confeccionar y comercializar registros apócrifos a través de las redes sociales.
La maniobra habría tenido como principales canales de contacto a Facebook y WhatsApp. Allí se ofrecían las licencias a personas que, por diferentes motivos, no podían conseguirlas mediante los procedimientos oficiales.
Entre los posibles compradores había personas con problemas médicos que les impedían obtener el registro, antecedentes penales graves o conductores que habían quedado inhabilitados después de acumular infracciones.
Los procedimientos alcanzaron dependencias vinculadas al área de tránsito de San Martín y también la Municipalidad de Ezeiza. En ese marco, los investigadores buscan determinar si existía una estructura organizada y si algunos trabajadores municipales pudieron haber tenido algún grado de participación en la maniobra.
Desde el Municipio de San Martín, sin embargo, negaron que exista una banda organizada dentro de la administración y señalaron que se trataría de un grupo externo.
Una causa que lleva dos años
La investigación comenzó en 2024 y está en manos de la Justicia Federal, con intervención de la jueza María Servini. Hasta el momento, el expediente cuenta con diez detenidos y se identificaron al menos 20 licencias que serían apócrifas, aunque no se descarta que el número aumente a medida que avance la pesquisa.
El caso no sólo apunta a establecer quiénes fabricaban y comercializaban los registros, sino también a determinar el circuito utilizado para hacerlos pasar como documentación oficial.
El riesgo detrás de un registro falso
Más allá de la falsificación de un documento público, las autoridades ponen el foco en una consecuencia todavía más grave: una persona que consigue una licencia de manera fraudulenta puede circular sin haber cumplido con los requisitos necesarios para conducir legalmente.
El uso consciente de un documento público falso o adulterado constituye un delito y puede derivar en una pena de uno a seis años de prisión. Además, ante una infracción, el conductor puede sufrir la retención del vehículo, recibir una sanción y quedar inhabilitado para manejar.
Otro punto que puede complicar a quienes recurren a este tipo de maniobras aparece en caso de un siniestro vial: una licencia apócrifa puede generar serios inconvenientes con la cobertura del seguro.
La investigación también busca dejar en claro que la responsabilidad penal no alcanza únicamente a quienes fabrican o venden los registros. Quien utiliza una licencia falsa sabiendo que es apócrifa también puede quedar involucrado en la causa.
La pesquisa continúa y los investigadores no descartan nuevas detenciones ni el hallazgo de más documentación falsa.
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