La Cámara Penal de La Plata rechazó el hábeas corpus presentado por Albertina Mangini, la funcionaria judicial detenida en el marco de una causa que investiga una monumental maniobra ilegal con billeteras virtuales, quien buscaba mejorar su situación procesal y continuar vinculada a la investigación, pero en una situación de libertad.
La resolución, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, fue adoptada por el tribunal de alzada y mantiene así vigente el escenario judicial que atraviesa la imputada desde que el juez Agustín Crispo requirió su detención a pedido de la fiscal Betina Lacki.
Mangini es funcionaria del Ministerio Público Fiscal pero cumplía tareas en una oficina de enlace que se vinculaba con personas que firmaban para el Patronato de Liberados.
La hipótesis de la fiscal es que las cuentas abiertas con los datos biométricos de los ex presos liberados eran utilizadas como “mulas” financieras para recibir, transferir y fragmentar fondos de origen turbio.
La actividad, siempre en base a lo sostenido por la acusación, se conoce como “smurfing”, que en el mundo de las finanzas significa “pitufeo” o “estructuración” para fraccionar movimientos ilegales en depósitos pequeños para ocultarlo de las alertas de los organismos de control del Estado.
Ignacio Marchioni y Mauro Perrota son los otros detenidos por el caso, mientras que siguen en la mira financistas y empresarios, que podrían ampliar la lista de sospechosos de integrar la misma y presunta asociación ilegal.
Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores aparecen decenas de transferencias provenientes de distintas billeteras y un patrón particular que se repite en las operaciones: los montos terminados en “.12”.
La pesquisa tendría probado que las personas mencionadas habrían movido una suma descomunal de plata en solo un año: 27 mil millones de pesos. Por ahora nada se sabe del origen del dinero.
“Esto recién empieza. Es apenas la punta del iceberg”, se animó a calificar un portavoz cercano a la causa.
Sobre cómo captaban a las víctimas, el informante expresó: “Es gente vulnerable, a la que fácilmente le sacaban sus datos personales para operar con distintas billeteras virtuales. Y qué mejor que aquellos, por ejemplo, que se apersonaban en el Patronato de Liberados. Por lo general le ofrecían 80 mil pesos, que entregaban en una confitería cercana a Plaza San Martín, y a partir de ahí comenzaba la operatoria”.
“Siempre los movimientos terminaban en .12. Era el sello distintivo y, para no levantar sospechas, dejaban 1.000 pesos en la cuenta. Nunca en 0”, agregó.
El origen del dinero ilegal, se presume, provendría del juego clandestino, entre otras actividades clandestinas.
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