El plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) cerró ayer con la decisión de profundizar el plan de lucha en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Realizarán un paro este jueves 13 de agosto, y convocan a otra huelga nacional para el 26 y 27 de agosto. Ambas medidas se adoptarán en conjunto con los gremios nodocentes que integran la Federación de Trabajadores nacionales FATUN.
A las medidas de fuerza se le debe sumar el asueto de este miércoles 12 de agosto, por el Día de la Universidad Nacional de La Plata.
De esta manera, estudiantes, profesores y trabajadores de las distintas facultades y dependencias universitarias tendrán una semana atípica, con una pausa de 48 horas en medio de las actividades. A diferencia de otras jornadas de protesta, en este caso el asueto institucional y el paro se sucederán sin interrupción entre uno y otro día.
El miércoles las puertas de las unidades académicas permanecerán cerradas en el marco de la conmemoración del Día de la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de una fecha que forma parte del calendario institucional de la casa de estudios y que todos los años supone la suspensión de las actividades académicas y administrativas.
El jueves, en cambio, la interrupción tendrá como origen el conflicto universitario. La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) confirmó que se sumará al paro nacional docente convocado para ese día por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), luego de la reunión del Plenario de Secretarios Generales realizada ayer.
La medida tendrá una duración de 24 horas y se inscribe en la continuidad del plan de lucha que los gremios universitarios vienen desarrollando en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y mayor presupuesto para las universidades.
NODOCENTES
La protesta docente se sumará a la medida anunciada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP). El gremio nodocente resolvió realizar también un paro este jueves, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha definido por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).
Así, la medida alcanzará no solamente al dictado de clases sino también a buena parte de las tareas administrativas y de funcionamiento que sostienen diariamente la actividad universitaria. El alcance concreto sobre cada dependencia podrá variar de acuerdo con la organización de cada sector, pero la jornada estará atravesada por la protesta gremial.
Se estima que la medida tendrá impacto directo en los colegios preuniversitarios y en el caso de las cursadas anuales de las facultades.
Desde ATULP señalaron que el reclamo combina la cuestión salarial con una discusión más amplia sobre el financiamiento de la universidad pública. En particular, el sindicato volvió a cuestionar al Gobierno nacional por el incumplimiento de una medida cautelar y por no acatar, según plantearon, una resolución de la Corte Suprema vinculada con los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.
El gremio también sostiene que no se habrían garantizado los fondos comprometidos para afrontar los gastos de las instituciones y reclama que el Estado cumpla con las obligaciones fijadas judicialmente. En ese marco, informó que solicitó a la Justicia que intime al Gobierno a cumplir con la cautelar y reclamó el respeto de las decisiones judiciales vigentes.
Para los estudiantes, el efecto más visible será la interrupción de las actividades durante dos días consecutivos esta semana y en el último tramo de agosto. En consecuencia, la semana académica quedará reducida y cada facultad deberá reorganizar las actividades que estuvieran previstas para esas jornadas.
A su vez, se desplegarán acciones de visiblización del conflicto al cumplirse 300 días de la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario el próximo 18 de agosto.
Mientras en las aulas intentan recuperar la normalidad del calendario académico, los reclamos gremiales mantienen abierta la discusión por los salarios y el financiamiento.
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