Un capítulo central de la investigación del caso $Libra estuvo vinculado con la presunta participación de Karina Milei en maniobras de tráfico de influencias.
Las denuncias apuntaban a determinar si la secretaria general de la Presidencia había recibido dinero u otros beneficios para facilitar reuniones entre su hermano y empresarios vinculados con el negocio de las criptomonedas.
Se encontraron documentos y comunicaciones en dispositivos electrónicos secuestrados a Mauricio Novelli. Entre ellos figuraba una propuesta empresarial que mencionaba a Javier y Karina Milei y una nota que hacía referencia a un supuesto acuerdo económico.
Sin embargo, el juez consideró que esos elementos no permitían acreditar la existencia de un compromiso efectivo. El documento carecía de firmas y los peritajes no pudieron establecer que la propuesta hubiera sido enviada o aceptada por terceros.
También se verificó que Karina Milei había autorizado el ingreso de empresarios extranjeros a la Casa Rosada, pero el magistrado entendió que esa circunstancia no demostraba la existencia de pagos indebidos.
Pruebas pendientes y cuestionamientos a los peritajes
La resolución llegó pese a que distintas medidas de investigación no pudieron completarse. Entre ellas, algunas tareas destinadas a reconstruir el recorrido del dinero a través de billeteras virtuales, debido a la falta de herramientas tecnológicas especializadas.
También se registraron movimientos de fondos próximos al lanzamiento de $LIBRA y se investigaron cajas de seguridad vinculadas con Novelli. Sin embargo, estas últimas estaban vacías cuando fueron allanadas y no se pudo establecer que hubieran sido utilizadas para guardar dinero destinado a funcionarios.
Otro aspecto controvertido estuvo relacionado con los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El juez mencionó irregularidades detectadas en el acceso a documentación reservada, parte de la cual trascendió a la prensa, y consideró que esa situación debilitaba el valor probatorio de los informes.
A ello se sumaron las dificultades para obtener información desde Estados Unidos. Las autoridades de ese país cerraron un expediente de cooperación judicial al considerar insuficientes los elementos aportados para justificar los requerimientos formulados.
Sin acusación para continuar
El cierre de la investigación también estuvo condicionado por una decisión anterior de la Cámara Federal, que en septiembre apartó a los inversores que se habían presentado como querellantes al considerar debilitada la hipótesis de una maniobra fraudulenta organizada desde el poder.
Con el pedido de sobreseimiento presentado por Taiano y sin una acusación autónoma que impulsara la continuidad del expediente, Martínez de Giorgi entendió que correspondía poner fin al proceso.
En la resolución, el magistrado aclaró que el sobreseimiento podía dictarse aun cuando ninguno de los investigados hubiera prestado declaración indagatoria.
El fallo dispuso, además, que la formación de la causa no afectaba el buen nombre y honor de los once beneficiados. Una vez que la decisión quede firme, el expediente deberá archivarse.
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