En la causa que investiga la presunta existencia de una asociación ilícita inmobiliaria, dedicada a la millonaria comercialización de emprendimientos urbanos irregulares en la Ciudad, que estaría integrada por ex funcionarios municipales y empresarios del rubro, trascendió de fuentes confiables que desde principios de 2025, por orden de la jueza Marcela Garmendia, se decretó el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario respecto del ex jefe comunal, Julio César Garro; de la ex titular de Planeamiento, María José Botta; del ex secretario de Obras Públicas, Luis Esteban Barbier; del ex subsecretario del área, Leandro David Ronga y del ex subsecretario de Tierras, Hábitat y Viviendas, Augusto Sciarretta, por lo que la Justicia ya comenzó a reunir elementos para analizar sus movimientos patrimoniales y detectar si existen activos sospechosos.
Los mismos voceros indicaron que con ese objetivo se solicitaron informes a distintos organismos estatales para obtener información sensible.
Los requerimientos fueron dirigidos al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires; Registro del Automotor y Créditos Prendarios; ARBA; Inspección General de Justicia; Dirección Provincial de Personas Jurídicas; ARCA; y Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina, entre otros.
Estos pedidos forman parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio, los bienes registrables, las sociedades y eventuales activos vinculados a los imputados, dentro de la causa PP-06-00-059219-24/00 “Garro, Julio y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública”, en la que también figuran vinculados el ex secretario de Coordinación, Oscar Negrelli; Marcelo Genoro; Ariel Bordigoni; Cecilia Mayochi; Leandro Arrechea; Facundo Dadín; Nahuel Julián Paradela; Melisa Soledad Bonfiglio: Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.
Con más de 14 cuerpos, la instrucción tramita ahora su etapa de recolección de elementos de cargo en la UFI Nº 5, cuyo titular es Juan Menucci.
Como viene publicando EL DIA, la secretaria de Justicia local, Marina Mongiardino, acudió al Fuero Penal en octubre de 2024 para denunciar irregularidades en emprendimientos inmobiliarios, ocurridos durante la anterior gestión municipal.
La presentación indica que la denuncia abarca a “los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo Municipal de la gestión extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023 por los posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al cometer una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente”.
Precisamente, ante esta situación “el ejecutivo municipal anterior permitió urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, perjudicando tanto al erario público como a los platenses”, se agregó en el escrito. Y añade: “Deberá investigarse la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la facilitación de dichos desarrollos que podría implicar la omisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al hacer caso omiso a las reiteradas objeciones efectuadas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial”, además de un avance de la urbanización sobre el cordón frutihortícola que podría implicar violaciones a leyes ambientales.
Según la gestión de Julio Alak, los loteos ilegales son aproximadamente 450, distribuidos en distintos barrios de la Ciudad, que abarcan 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas ya construidas y una capacidad potencial de más de 32.800 parcelas, que hubieran alojado a alrededor de 165.000 personas.
Frente a esa realidad con principio de consolidación, miles de familias adquirieron de buena fe supuestos “lotes” que, en numerosos casos, constituían únicamente porcentajes indivisos de parcelas rurales o inmuebles que nunca reunieron las condiciones legales para ser subdivididos, escriturados o urbanizados y generan así un perjuicio y una profunda incertidumbre jurídica para quienes invirtieron creyendo acceder legítimamente a una vivienda.
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