El exintendente de La Plata Julio César Garro fue notificado formalmente como imputado en una causa penal en la que se investigan loteos ilegales en nuestra ciudad. Al ex jefe comunal se lo acusa de presuntos delitos vinculados con la administración pública, entre ellos enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como viene publicando este diario, el origen del conflicto se inició a partir de un relevamiento que llevó a cabo la gestión municipal actual en la que se detectó la existencia de unos 450 barrios ilegales, de los que cerca de 250 no podrán prosperar. Muchos de ellos fueron impulsados por autoridades de la gestión anterior y privados, lo que obligó a modificar la normativa vigente y adaptarla a la ley provincial.
El acta a la que accedió EL DIA también menciona una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva, en los términos previstos por la Ley General del Ambiente N° 25.675.
La notificación se realizó el pasado 7 de agosto, pero trascendió hoy, en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 Departamental, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci. Garro se presentó ante la Justicia y recibió una copia del acta correspondiente. Según consta en el documento judicial, la investigación lleva como carátula “Garro, Julio y otros s/Fraude en perjuicio de la administración pública - Enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público - Defraudación por administración fraudulenta - Abuso de autoridad - Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Cabe recordar que la instrucción de la causa estaba en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI Nº16, quien fue recusado por el municipio por la falta de actividad en la causa ante la jueza Marcela Garmendia. La justicia hizo lugar a la recusación, y el ministerio público fiscal designó a Menucci. Ahora el nuevo fiscal al frente de la investigación es quien imputó formalmente a Garro y a otros ex funcionarios comunales durante la gestión anterior, entre ellos Oscar Negrelli (su ex jefe de Coordinación Municipal) y María José Botta (su ex secretaria de Planeamiento), quienes ya comparecieron y fueron imputados.
Por su parte, Luis Esteban Barbier (ex secretario de Obras Públicas), quien debía comparecer el viernes pasado, informó que se encuentra de viaje y regresará el 14 de agosto. Asimismo resta la comparecencia de Leandro David Ronga y Marcela Rogg, prevista para hoy, y de Augusto Sciarreta y Marcelo Gustavo Género, para mañana. A todos ellos se los investigaría por la misma calificación que al ex jefe comunal ya que aún no fueron imputados.
La intervención de la Justicia de Garantías
En el expediente intervienen la UFIJ N° 5 Departamental y el Juzgado de Garantías N° 5 Departamental, a cargo de la jueza Marcela I. Garmendia, según surge de la notificación entregada al exjefe comunal platense. Los delitos atribuidos en la investigación están encuadrados en distintos artículos del Código Penal, entre ellos el 268 apartado 2, el 173 inciso 7, el 174 inciso 5, el 248 y el 249.
El propio documento aclara que la condición de imputado "no implica una declaración de culpabilidad". Entre las garantías que fueron comunicadas a Garro se encuentra el principio de inocencia, por el cual una persona no puede ser considerada culpable hasta que exista una sentencia firme que así lo determine. La notificación también deja constancia de su derecho a conocer en detalle la naturaleza y las causas de los cargos, comunicarse con un abogado de su elección, contar con un defensor oficial y no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable. El documento judicial indica finalmente que Garro recibió una copia de la notificación y firmó el acta junto con los funcionarios intervinientes.
El registro que lanzó el municipio
Por otro lado, el municipio platense lanzó el mes pasado un registro para compradores afectados por el desarrollo de loteos ilegales y recibió casi 2000 consultas, formalizó la inscripción de 90 damnificados e incorporó a la denuncia penal cuatro nuevos emprendimientos irregulares detectados en la periferia.
Así lo indicó la subsecretaria de Ordenamiento Urbano y Territorial, Eugenia Rodríguez Daneri, durante una visita a la redacción de EL DIA, donde remarcó la importancia de que los damnificados por estos desarrollos irregulares que proliferaron durante la gestión anterior se comuniquen con el área municipal. “Incorporarlos a este registro nos permite dimensionar la cantidad de familias afectadas por esta situación, pero también informar y advertir a potenciales nuevos compradores dónde es suelo urbano y apto para construir y dónde no”, dijo.
Además, la funcionaria explicó que “otro grupo de gente que consulta es para orientarse sobre si un terreno en venta es apto para urbarnizarse o no”. Y al respecto se explayó: “La venta de una parcela en un terreno rural indiviso no es ilegal, y cuando la gente ve que la transacción se hace frente a un escribano, creen que esto significa que esa parcela es escriturable”. Y explicó: “Y el problema viene cuando descubren que no podrán tener servicios, que no podrán edificar y que no podrán tener una escritura de ese terreno, sino un título precario de propiedad, porque no es un lugar autorizado por el Municipio para zona urbana”.
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