La muerte de Guillermo Alfredo Bellingi ocurrida este lunes en La Plata generó una investigación que por estas horas está dando de qué hablar en la Justicia. Se trata de un docente de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP que tiempo atrás fue funcionario judicial y quedó envuelto en una causa de corrupción K.
Tal como informó EL DIA, se trata de un hombre de 55 años que fue encontrado sin vida en la zona de 8 entre 406 y 407, en Villa Elisa. El hecho es investigado bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y con el correr de las horas fue tomando fuerza la hipótesis del suicidio.
Es que junto al cuerpo de Bellingi fue encontrado un cuchillo tipo asador, además de una mochila. Pero lo que llamó la atención es que la herida mortal está a la altura del corazón y se presume autoinfligida. Si bien por estas horas tratan de determinar las razones que lo habrían llevado a tomar esa decisión, empezaron a surgir datos que podrían esclarecer lo sucedido.
Se supo que la causa en la que está imputado lo iba a llevar al banquillo dentro de 20 días. Se lo acusa de la compra realizada en 2013 de un inmueble de Perón al 600, conocido como el Petit Hotel, al que se trasladó la Procuración General de la Nación. Fue una operación que se concretó por $43.850.000.
Bellingi fue subdirector general de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y terminó siendo uno de los acusados en la causa por presuntas irregularidades en la compra del mencionado inmueble. Es por eso que su muerte causó una enorme conmoción en la Justicia en las últimas horas debido a que se la vincula a este caso.
En cuanto a la operación inmobiliaria por la que el ex funcionario quedó en la mira se supo que para avanzar con la adquisición se realizó una licitación en la que también participó su medio hermano, Juan Carlos Thill. Según trascendió, Thill habría recibido una comisión de $3 millones, equivalentes según la cotización de ese momento a unos US$ 500.000, en concepto de asesoramiento a la inmobiliaria que, a su vez, asesoró a Arfinsa, la empresa que terminó vendiéndole el edificio a la Procuración.
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