A cuatro meses del inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el proceso volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica. Esta vez, el eje del conflicto está puesto en una de las pruebas más importantes que sostiene la acusación contra los siete profesionales de la salud imputados.
El debate oral, que debió reiniciarse después de la anulación del juicio anterior por el escándalo protagonizado por la exjueza Julieta Makintach, podría enfrentar ahora un nuevo escenario de incertidumbre a raíz de una presunta irregularidad detectada en la documentación analizada por la Junta Médica.
La controversia surgió durante una de las últimas audiencias, cuando una de las defensas advirtió que parte de los estudios médicos incorporados al expediente entre 2012 y 2015 no corresponderían a Maradona, sino a su padre.
La observación fue realizada durante la declaración de uno de los especialistas que integró la Junta Médica, el organismo encargado de analizar la documentación clínica y elaborar un informe sobre las condiciones de salud del exfutbolista antes de su fallecimiento.
La prueba más importante, bajo cuestionamiento
La Junta Médica es considerada una pieza clave dentro del expediente. El informe elaborado por los especialistas concluyó que la muerte de Maradona podría haberse evitado si los profesionales a cargo de su atención hubieran actuado de manera diferente y prestado mayor atención a sus antecedentes y síntomas.
Por ese motivo, la aparición de estudios que presuntamente no pertenecerían al exjugador abrió un nuevo frente judicial. Según trascendió, algunos de los análisis cuestionados fueron realizados en 2015, un dato que despertó sospechas, ya que durante gran parte de ese período Maradona se encontraba en Dubái.
Ante esa situación, una de las defensas solicitó la realización de nuevas medidas para determinar a quién pertenecen realmente esos estudios y establecer cuántos de los análisis incorporados al expediente corresponden al exfutbolista.
Las defensas anticipan nuevos planteos
El descubrimiento generó preocupación entre las partes que participan del proceso judicial y podría derivar en nuevas presentaciones ante el tribunal.
Los abogados defensores sostienen que la situación compromete la credibilidad de una de las pruebas centrales de la acusación y no descartan impulsar distintos planteos procesales.
Desde la Fiscalía, en cambio, minimizaron el impacto del hallazgo. Los representantes del Ministerio Público consideran que los estudios cuestionados tienen una incidencia limitada en la investigación y sostienen que se trata únicamente de análisis de laboratorio que no modifican la hipótesis principal del caso.
Mientras tanto, el juicio volverá a reanudarse este jueves en los tribunales de San Isidro, en una audiencia que se anticipa tensa y que podría derivar en nuevas discusiones sobre la validez de la prueba presentada.
El caso suma así un nuevo capítulo a un proceso que ya estuvo marcado por la anulación del primer juicio y que vuelve a quedar bajo la lupa a pocos meses del inicio del nuevo debate oral.
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