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A 200 años de la Constitución de 1826: el intento unitario para marcar un rumbo institucional

Promulgada por Rivadavia buscó descentralizar el Estado. Las provincias la rechazaron, pero sentó las bases doctrinales del país
Bernardino Rivadavia, el primer presidente de la Nación/web
El manifiesto constitucional

Por Redacción

A dos siglos de su sanción, el Bicentenario de la Constitución de la República Argentina de 1826 rememora uno de los hitos constitucionales más significativos, debatidos y vertiginosos de la historia nacional. El proyecto surgió un 26 de octubre de 1826 y fue promulgado el 24 de diciembre de 1826 bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia. La norma representó el esfuerzo más radical del unitarismo por consolidar un Estado nacional unificado tras los agitados años que siguieron a las guerras de independencia.

Pese a su fracaso práctico inmediato, el texto de 1826 dejó su impronta. Su estructura institucional, la formulación de derechos individuales y la división de poderes sirvieron como antecedente doctrinal directo para los constituyentes que, en 1853, lograron sintetizar las exigencias federales y unitarias en un texto definitivo.

Un escenario de guerra y emergencia política

Para comprender la génesis de esta Carta Magna es necesario retrotraerse al convulsionado escenario de los años veinte del siglo XIX en el naciente país. La necesidad de unificar el mando en un contexto de profunda inestabilidad impulsó la convocatoria al Congreso General Constituyente de 1824-1827 con este escenario:

* El conflicto con el Imperio del Brasil: el estallido de la guerra en 1825 por la posesión de la Banda Oriental exigía con urgencia la creación de un gobierno central fuerte y un ejército nacional unificado.

* La Presidencia de Rivadavia: en febrero de 1826, el Congreso aprobó la Ley de Presidencia y lo designó como el primer presidente de la Argentina.

* El ensayo organizativo: con el antecedente de la fallida Constitución de 1819, el grupo gobernante buscaba erradicar la anarquía y neutralizar las autonomías provinciales mediante un marco legal definitivo.

Pese a contar con una refinada técnica jurídica e inspirarse en las ideas liberales de la época, la aplicación del texto colapsó debido a la resistencia territorial: la inmensa mayoría de las provincias del Litoral, el Interior y Cuyo la rechazaron categóricamente por desconocer su soberanía política y sus autonomías locales.

La reacción adversa en el interior, combinada con el descontento popular y las tensiones diplomáticas derivadas de la Guerra del Brasil, precipitó la renuncia de Rivadavia en junio de 1827.

Poco después, el Congreso se disolvió y el país retornó a un esquema de pactos interprovinciales —cuyo eje sería el Pacto Federal de 1831— sin autoridades nacionales formales hasta la sanción de la Constitución de 1853.

Distintas miradas

La historiografía argentina ha examinado este episodio a través de diversas corrientes interpretativas.

Para historiadores como José María Rosa o Pacho O’Donnell, la norma fue un factor de ruptura con las provincias. Enfatizan que la élite porteña intentó imponer una arquitectura institucional calcada del liberalismo europeo, totalmente ajena a la realidad social del interior. Asimismo, remarcan que despojar a las provincias de la elección de sus autoridades y restringir el voto popular subordinó la soberanía a los intereses mercantiles de Buenos Aires.

En cambio, para la mirada liberal y constitucionalista fue un diseño avanzado a su época.

Representada históricamente por figuras como Bartolomé Mitre o Vicente Fidel López, esta corriente pondera la elevada calidad normativa, el rigor redaccional y el espíritu progresista en cuanto a garantías individuales y libertades civiles. Sostienen que la urgencia bélica contra el Brasil imponía un mando centralizado como única vía para evitar la anarquía y la fragmentación territorial.

Mientras autores más contemporáneos como Tulio Halperín Donghi, José Carlos Chiaramonte y Marcelo Ternavasio interpretaron el hecho como un choque inevitable entre dos concepciones sobre la soberanía.

Para Donghi, fue inviable imponer un orden republicano doctrinario sobre territorios donde las autonomías provinciales ya se habían consolidado desde 1820. Chiaramonte, por su parte, señala que en 1826 aún no existía la idea madura de una “Nación Argentina”, sino una confederación de facto de ciudades y provincias soberanas.

Lo cierto es que conmemorar su bicentenario invita a reflexionar sobre la complejidad del proceso de organización nacional y los intensos debates sobre el centralismo y el federalismo que moldearon a la Argentina.

Se buscó un Estado unificado tras los años que siguieron a las guerras de por la independencia

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