Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en un puesto de control ubicado en Justo Daract, San Luis, luego de que se detectara que la camioneta en la que circulaba tenía un pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur.
Según informó el diario puntano El Chorrillero, y confirmó su director Daniel Miranda a Diario UNO, tras realizar las verificaciones correspondientes las autoridades ordenaron el secuestro del vehículo.
El diputado nacional y dirigente de La Cámpora se trasladaba hacia San Juan, donde tenía prevista para este jueves una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes.
El antecedente de la otra camioneta
El procedimiento ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestrara otra camioneta vinculada con la misma investigación.
Se trató de una RAM 2500 Laramie 4x4, interceptada el martes en un puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1, en Los Molles. El vehículo circulaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo.
De acuerdo con el parte difundido por la Policía de San Luis, la camioneta figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.
La medida había sido dispuesta mediante un oficio judicial firmado el 28 de febrero de ese año por el entonces juez federal Julián Ercolini. La orden contemplaba el secuestro de distintos vehículos pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.
El planteo de Máximo y Florencia Kirchner
En paralelo, este miércoles la Justicia concedió un recurso de casación presentado por Máximo y Florencia Kirchner y Sebastián José Sánchez, director de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.
El planteo busca cuestionar las medidas vinculadas con el embargo y decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad.
La decisión fue adoptada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.
Los hijos de Cristina Kirchner habían apelado el rechazo de recursos presentados por su abogado, Luis Joel Goldin. La defensa sostiene que la resolución debe ser considerada equiparable a una sentencia definitiva porque, según argumentó, podría generar un perjuicio de imposible reparación posterior.
En ese sentido, planteó que todavía se encuentra pendiente ante la Corte Suprema un recurso de queja relacionado con la cuantificación y procedencia del decomiso de determinados bienes.
Según la defensa, avanzar con esas medidas antes de que el máximo tribunal se expida podría generar perjuicios patrimoniales que dificultarían una eventual reparación posterior.
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