El Congreso de la Nación aprobó en la Cámara de Diputados un acuerdo que habilita el pago de US$ 171 millones a dos fondos de inversión —Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP— en el marco de los litigios derivados del default de 2001, en una votación que se resolvió con 139 votos a favor y 97 en contra durante la sesión del miércoles 24 de junio de 2026.
Según la información parlamentaria y reportes difundidos en las últimas horas, la iniciativa fue impulsada por el oficialismo y acompañada por bloques aliados, mientras que el rechazo fue encabezado por el peronismo. El proyecto ahora queda en condiciones de completar el circuito legislativo para habilitar el desembolso, en un contexto de urgencia por los plazos judiciales fijados en acuerdos internacionales.
El texto aprobado establece que Argentina pagará US$ 67 millones a Bainbridge y US$ 104 millones a Attestor, bajo un esquema de cancelación simultánea de los bonos involucrados. El Gobierno sostiene que la operación implica una quita superior al 30% respecto de los montos originalmente reclamados en tribunales de Nueva York y que permite cerrar los últimos frentes activos del default de 2001, evitando embargos sobre activos del Estado.
Desde la bancada kirchnerista, encabezada por Germán Martínez, el rechazo fue duro. Acusaron al Gobierno de resolver el conflicto “a costa del hambre de la gente” y cuestionaron que el acuerdo implique “bajar los salarios de los trabajadores” en un contexto de ajuste. También advirtieron que los argumentos oficiales podrían ser utilizados en tribunales internacionales en contra del país y criticaron que se trate de “tomar nueva deuda” en lugar de refinanciarla.
En paralelo, el oficialismo defendió la medida como una forma de reducir la exposición judicial de la Argentina y normalizar su situación con acreedores que no habían ingresado a los canjes posteriores al default de 2001. Según esa postura, el cierre de estos litigios busca dar mayor previsibilidad financiera y evitar costos adicionales por intereses o embargos.
La aprobación parlamentaria, ocurrida en la recta final de junio, se inscribe en una serie de negociaciones aceleradas para cumplir con los plazos acordados con los fondos y evitar que el caso vuelva a escalar en los tribunales de Estados Unidos.
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