El Gobierno nacional oficializó este miércoles el nombramiento de tres magistrados que contaban previamente con el acuerdo del Senado. Entre las designaciones se destacan las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes asumirán de manera definitiva en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña, un tribunal estratégico que interviene en causas de alto impacto político e institucional.
Las medidas fueron formalizadas a través de los decretos 847/2026, 848/2026 y 853/2026, publicados en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Pablo Bertuzzi fue designado formalmente como integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña, un puesto que ocupaba de forma provisoria desde 2018 tras su traslado durante la gestión de Mauricio Macri. Durante su defensa ante el Senado, el magistrado remarcó sus 37 años de trayectoria en el Poder Judicial, con experiencia previa en tribunales federales y en el Tribunal Oral Federal N°4, donde intervino en expedientes de alta repercusión pública como el Caso Ciccone y la tragedia de Once.
Pablo Yadarola se sumará a la misma sala tras desempeñarse desde 2015 como juez en lo Penal Económico. Su perfil se destaca por investigaciones vinculadas al crimen organizado y delitos complejos, aunque su postulación también estuvo marcada por cuestionamientos políticos debido a su vinculación con el viaje a Lago Escondido en 2022 y por haber estado al frente del expediente sobre una aeronave privada y presuntas infracciones aduaneras.
En tanto que el nombramiento de Matilde Evangelina Ballerini ratifica su continuidad por un período de cinco años (a partir del próximo 6 de septiembre) como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial porteña.
La llegada formal de Bertuzzi y Yadarola a la Cámara Federal porteña adquiere una significativa relevancia institucional, dado que dicho fuero concentra los expedientes de mayor sensibilidad política, incluyendo investigaciones por presuntos delitos de corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios del Estado.
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