El Gobierno trabaja en un proyecto de ley para modificar y reducir la estructura de los tribunales federales de Comodoro Py. La iniciativa, que se encuentra bajo análisis del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, prevé disminuir la cantidad de juzgados de instrucción y de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, además de reasignar funciones y trasladar personal.
La reforma alcanzará a uno de los fueros más sensibles para la dirigencia política, encargado de investigar delitos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico. El plan deberá atravesar el Congreso porque implica modificar distintas normas vigentes.
Una Casación con nueve jueces
Uno de los principales cambios apunta a la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal antes de la Corte Suprema. Actualmente está integrada por cuatro salas y una presidencia, con trece cargos en total, aunque tres permanecen vacantes.
El proyecto propone reducir su composición a nueve magistrados. De concretarse, ya no sería necesario avanzar con un nuevo proceso de selección para cubrir las vacantes. Actualmente se encuentra abierto el concurso 475, que registró escasos avances.
La reforma requerirá modificar la ley que creó la Cámara de Casación y otras disposiciones que fueron incorporándose durante los últimos años a la estructura del Poder Judicial.
La reducción también alcanzaría a los juzgados federales de instrucción. Comodoro Py cuenta actualmente con doce, distribuidos entre el tercer y cuarto piso del edificio de Retiro, pero cuatro se encuentran vacantes.
Se trata de los cargos que dejaron Sergio Torres, tras asumir en la Suprema Corte bonaerense; Claudio Bonadio, fallecido en 2020; Rodolfo Canicoba Corral, jubilado ese mismo año; y Luis Rodríguez, quien renunció en abril de 2023.
La propuesta inicial es reducir la cantidad de juzgados de doce a diez, aunque dentro del Gobierno también evalúan llevarlos a ocho. En ese último escenario, las vacantes actuales podrían absorberse sin convocar nuevos concursos.
El impacto del sistema acusatorio
La reorganización está vinculada con la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para abril de 2027. Con ese modelo, los fiscales pasan a conducir las investigaciones desde su inicio hasta la acusación y el eventual juicio oral.
Los jueces de instrucción dejarán de dirigir las pesquisas y asumirán principalmente el papel de garantes del proceso. Actualmente son los magistrados quienes deciden si delegan o no las investigaciones en el Ministerio Público Fiscal.
El nuevo Código Procesal Penal ya funciona en 17 jurisdicciones del país. Su aplicación más reciente comenzó en Posadas, con la participación del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y del procurador general de la Nación, Eduardo Casal.
Fuentes vinculadas con la implementación consideran que la cantidad de empleados asignados a los juzgados de Comodoro Py resulta elevada frente a las nuevas funciones que tendrán esas dependencias.
El proyecto también contempla que los magistrados puedan desempeñarse en distintos roles. Con el sistema acusatorio, los actuales jueces de instrucción, integrantes de tribunales orales y camaristas pasarán a cumplir funciones de garantías, juicio o revisión.
Así, un juez podrá controlar una investigación en un expediente y participar como magistrado de juicio o de revisión en otro. La asignación de audiencias quedará a cargo de una oficina judicial autónoma.
Para implementar este esquema también deberá avanzarse en una equiparación salarial. Actualmente, los jueces de instrucción perciben remuneraciones inferiores a las de los integrantes de los tribunales orales, quienes tienen rango de camaristas.
Otro aspecto central será la redistribución de empleados. Según fuentes judiciales, la dotación de funcionarios de Comodoro Py es cinco veces superior a la existente en las cabeceras judiciales del interior del país, que suelen atender causas de distintos fueros.
La llegada del sistema acusatorio permitirá que el Consejo de la Magistratura reasigne personal de acuerdo con las nuevas necesidades. El borrador ya habría sido revisado por algunos integrantes del Poder Judicial y contaría con cierto consenso interno.
El principal desafío del Gobierno será reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Aunque algunos cambios podrían intentarse mediante un decreto, en el oficialismo consideran que esa vía aumentaría el riesgo de judicialización y podría frenar la reforma. Por ese motivo, resolvieron impulsar el rediseño a través de una ley.
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