El fiscal de menores Hernán Ceruti, al frente de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual que suspendió el Régimen Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires.
Para Ceruti, se trata de un fallo que provoca un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, debido a que, un habeas corpus no puede suspender una ley que fue sancionada por el Congreso Nacional.
Además subrayó que no se comprobó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que perjudique la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa y en esa línea sostuvo que la disposición de la magistrada “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”.
Agregó que tampoco se identificó a un joven detenido por la aplicación de la normativa, una determinación policial, administrativa, judicial o penitenciaria que haya limitado de manera ilegal su libertad ni una situación específica de alojamiento agravada por la nueva legislación.
En su disposición la jueza argumentó que basó su decisión en que con el nuevo régimen podría aumentar en forma significativa el número de jóvenes detenidos y que la Provincia no disponía de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese incremento. Desde la Fiscalía hicieron hincapié en que esa conclusión se tomó sin datos concretos.
Pascual planteó preguntas como: el número de adolescentes que podrían ser privados de su libertad en dispositivos provinciales y la capacidad disponible. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, indicó Ceruti.
La apelación llevada a cabo por Ceruti se suma a la denuncia penal que realizó la ONG Usina por la Justicia que acusó a Pascual de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
A través de su cuenta de la red social X, la organización apoyó la decisión de Ceruti y recalcó: “El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes”.
Por su parte, La Libertad Avanza bonaerense, liderada por Sebastián Pareja, pedirá el juicio político de la jueza.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, aseveró Pareja.
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