Tras varias semanas de controversia en General Alvear, la Suprema Corte de Justicia bonaerense aceptó tratar un conflicto de poderes entre el intendente Ramón Capra, su gabinete y el Concejo Deliberante. La disputa se originó por un aumento salarial impulsado por el jefe comunal que fue rechazado parcialmente por la oposición, y ahora será analizada por el máximo tribunal provincial.
El expediente, denominado “Intendente de la Municipalidad de General Alvear contra Honorable Concejo Deliberante de General Alvear sobre conflicto de poderes”, fue presentado por Capra en defensa de una medida que impacta tanto en su remuneración como en la de sus funcionarios. Fuentes judiciales confirmaron que la Corte ya se encuentra estudiando el caso.
El conflicto comenzó el 10 de marzo, cuando el intendente radical acordó una recomposición salarial del 2,5% para los trabajadores municipales, incremento que también alcanzaba al jefe comunal y a los integrantes de su gabinete. Sin embargo, el Concejo Deliberante aprobó la suba únicamente para los empleados municipales.
Frente a esa decisión, Capra vetó la medida, pero los bloques opositores Fuerza Patria, Nuevos Aires y Potencia reunieron los dos tercios necesarios para insistir con la ordenanza y mantener vigente el esquema que excluye al intendente y a sus funcionarios del aumento.
El recurso judicial fue presentado por el jefe comunal el 10 de este mes. Al admitirlo, la Suprema Corte consideró que el planteo es de su competencia y avanzará en su resolución. Como primera medida, envió un requerimiento al presidente del Concejo Deliberante, José Alberto Alaníz, del bloque Fuerza Patria, para que exponga la postura del cuerpo legislativo, otorgándole un plazo de cinco días para responder.
En las últimas horas, concejales opositores aseguraron que Capra habría incrementado su salario y el de al menos dos funcionarias mediante una suba de bonificaciones y gastos de representación. Según la denuncia, el aumento percibido podría alcanzar el 50%.
Ante esa situación, la Suprema Corte dispuso incluir esos conceptos dentro de la prohibición de incrementos salariales hasta que se expida sobre la cuestión de fondo que motivó el conflicto.
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