El escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni —al que la Justicia investiga por un crecimiento patrimonial que, de acuerdo con su última declaración jurada, escala hasta los 944 millones de pesos— derivó en una crisis política que resiente la alianza de La Libertad Avanza (LLA) con el PRO y amenaza el pacto de gobernabilidad sobre el que se apoya el presidente, Javier Milei.
El partido que conduce Mauricio Macri, hasta ahora socio incondicional de la gestión libertaria, puso un ultimátum: si el Gobierno no resuelve la situación del funcionario antes de la sesión prevista para el martes 23 de junio en la Cámara de Diputados, el PRO está dispuesto a votar a favor del emplazamiento en comisiones de la moción de censura y avanzar con la posterior interpelación del ministro coordinador.
“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el último viernes el macrismo a través de un comunicado que tronó en las redes sociales. El mensaje no dejó demasiado lugar para la interpretación: el partido le exige a Milei que “eche” a su jefe de Gabinete del Ejecutivo, o que el propio Adorni tenga un “gesto de grandeza” y presente la renuncia.
Definitivamente, el caso del funcionario marca un quiebre en la postura del partido amarillo, que en los últimos dos años y medio de gestión acompañaba prácticamente sin chistar todo lo que enviaba la Casa Rosada al Congreso.
EL 23 COMO PLAZO
Una semana es el margen que le pone el PRO al Gobierno para que Adorni decida dar un paso al costado o que el Presidente lo eyecte. De no concretarse ninguno de esos dos escenarios, en el macrismo advierten que votarán a favor de la moción de censura contra el funcionario. La sesión del 23 de junio en Diputados, pedida por la oposición más crítica, busca incluir ese tema en su agenda junto a otros expedientes. El kirchnerismo también impulsó un pedido de interpelación en el Senado y la presión se replica en ambas cámaras.
Hay, sin embargo, una variable crítica: el quórum. La Cámara baja necesita 129 legisladores para empezar a sesionar, y los 12 diputados del PRO son determinantes para alcanzar ese número mágico. La duda sigue siendo si la totalidad del bloque cerrará filas y habilitará el tratamiento del tema, más allá de la postura fijada para llevarlo a comisiones.
Pese a la ofensiva, en Balcarce 50 aseguran que cuentan con los apoyos suficientes para desactivar los intentos opositores. Pero esa confianza choca con una realidad cada vez más compleja: los sectores dialoguistas toman distancia y ya no garantizan su respaldo incondicional. Entre los aliados, tanto el PRO como la UCR evalúan habilitar el debate.
PRIMERO EL SENADO
Antes de la cita del 23, está previsto que este jueves sesione el Senado. La agenda oficial incluye proyectos sobre inviolabilidad de la propiedad privada y una nueva tanda de pliegos de jueces, pero el kirchnerismo intentará también confirmar la interpelación a Adorni en esa jornada. El bloque del PRO en la Cámara alta quedó muy reducido, con apenas tres integrantes encabezados por Martín Goerling Lara, y se moverá en sintonía con las definiciones que se adopten a nivel partidario y en coordinación con Diputados, donde la estrategia es articulada por Cristian Ritondo.
La situación en el Senado es similar a la de la Cámara baja: la oposición está lejos de los números necesarios para habilitar por sí sola la interpelación. Pero la presión política crece y nadie en el arco legislativo quiere quedar expuesto como encubridor o de las supuestas irregularidades que jaquean al exvocero presidencial.
El caso del jefe de Gabinete marca un quiebre en la relación entre el PRO y el Gobierno
En ese escenario, en el entorno de Adorni cuentan que el platense está enfocado en preparar su informe de gestión ante el Senado, el próximo 2 de julio, y descartan que vaya a ser interpelado. No obstante, en el propio Gobierno admiten en privado que no será fácil dar vuelta la página: “Cada vez que pensamos que la espuma bajaba, volvió a subir”, grafican.
La crisis expone además la fractura más profunda que sacude al oficialismo desde que Milei llegó al poder. El caso Adorni representa un quiebre en la política de acompañamiento irrestricto de sus socios del PRO. Y al Gobierno le quedan solo siete días para demostrar que puede gestionar una crisis que ya lleva más de tres meses. Si no lo hace, podría ser su principal aliado legislativo quien abra las puertas del Congreso para avanzar contra el funcionario.
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