El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar de manera integral la Ley General de Sociedades. El principal cambio propuesto es que el estatuto de cada sociedad pase a tener un rol central. Según el Gobierno, las disposiciones de la ley dejarán de ser obligatorias en muchos aspectos y pasarán a actuar de manera supletoria, permitiendo que los socios definan libremente la organización interna de sus negocios.
Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es reducir la intervención estatal y eliminar restricciones que consideran excesivas para la actividad privada. En ese sentido, también se limitaría la capacidad de los registros públicos para imponer requisitos adicionales a los previstos por la ley.
Objetos sociales más amplios
El proyecto también busca flexibilizar la constitución y el funcionamiento de las empresas. Entre otras medidas, permitirá que una sociedad tenga múltiples actividades sin necesidad de que estén relacionadas entre sí.
Incluso, si el estatuto no especifica un objeto social determinado, se considerará que la empresa puede desarrollar cualquier actividad lícita. Para el oficialismo, esta modificación permitirá adaptarse con mayor rapidez a los cambios económicos y tecnológicos, evitando que las empresas deban modificar constantemente sus estatutos para ampliar sus operaciones.
Uno de los aspectos que promete generar mayor debate es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos a legislación extranjera o a normas de comercio internacional.
Además, podrán incluir cláusulas arbitrales para resolver controversias fuera de la Justicia ordinaria. El Gobierno argumenta que este esquema es utilizado en centros internacionales de negocios y que brinda mayor previsibilidad a los inversores, especialmente en proyectos con participación de capitales extranjeros.
Digitalización total
La iniciativa impulsa una transformación digital integral. Se habilitarán domicilios electrónicos, libros societarios digitales, registros electrónicos y asambleas a distancia.
También será posible constituir empresas mediante firma digital o electrónica, mientras que cada sociedad contará con un legajo digital público accesible de forma remota.
Según el Ejecutivo, estas medidas reducirán costos administrativos y agilizarán los procedimientos para la creación y gestión de empresas.
Empresas operadas por inteligencia artificial
Entre las novedades más llamativas aparece la creación de las denominadas “sociedades automatizadas”, estructuras que podrán operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados para sus tareas habituales.
Junto con ellas, la ley reconocerá a las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), entidades que funcionan mediante tecnología blockchain y cuyos participantes pueden intervenir a través de tokens digitales.
Según el proyecto, ambas figuras contarán con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada, incorporando al derecho argentino herramientas que ya comienzan a utilizarse en otros mercados vinculados a la economía digital.
Nuevas herramientas para atraer inversiones
La reforma incorpora instrumentos de inversión convertibles, una herramienta utilizada en el financiamiento de emprendimientos y empresas tecnológicas.
Este mecanismo permitirá que inversores aporten capital sin convertirse inmediatamente en socios, reservándose la posibilidad de hacerlo en una etapa posterior bajo determinadas condiciones. Para el Gobierno, esta modalidad facilitará el acceso al financiamiento y favorecerá el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
Cambios en directorios
El texto también propone que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado, salvo disposición contraria del estatuto.
Además, habilita la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y simplifica los procesos de reorganización empresaria. En los casos en que una compañía sea propietaria del 100% de otra, podrá absorberla directamente sin necesidad de realizar trámites societarios adicionales, reduciendo tiempos y costos para los grupos económicos.
Una reforma que abre el debate
El Gobierno sostiene que la iniciativa moderniza una legislación que fue sancionada hace más de medio siglo y que ya no responde a las necesidades de la economía actual. Según el oficialismo, el proyecto busca reemplazar un esquema basado en controles previos por otro centrado en la libertad contractual y la autonomía de las partes.
La oposición y distintos especialistas, en tanto, ya anticipan cuestionamientos sobre la reducción de controles estatales, la posibilidad de aplicar legislación extranjera en conflictos societarios y los alcances de las nuevas figuras empresarias vinculadas a la inteligencia artificial. La discusión comenzará en el Congreso en las próximas semanas y promete convertirse en uno de los debates económicos y jurídicos más relevantes del año.
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