El Gobierno nacional busca cerrar uno de los frentes de conflicto más sensibles de su gestión: el financiamiento de las universidades públicas. En ese marco, la Casa Rosada avanzó en una propuesta de recomposición presupuestaria y salarial que incluye aumentos para docentes, fondos para funcionamiento, hospitales universitarios y becas estudiantiles. Sin embargo, la oferta está atada a una condición que generó fuerte resistencia entre los rectores: que las universidades retiren la demanda judicial presentada contra el Estado por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según publicó TN, las negociaciones apuntan a alcanzar un acuerdo antes de que la Corte Suprema se expida sobre el conflicto.
La iniciativa oficial contempla una mejora salarial superior al 24% para docentes y no docentes universitarios. La propuesta incluye una suba del 21,33% en junio y otro 3% en octubre, además de incrementos para gastos de funcionamiento, refuerzos para hospitales universitarios y una actualización de las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas.
Detrás de la oferta existe una preocupación central para el Gobierno: evitar una eventual derrota judicial que obligue al Estado a desembolsar una cifra multimillonaria. La cautelar impulsada por las universidades reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia. De acuerdo con estimaciones citadas por TN, si la Corte Suprema falla en contra del Ejecutivo, el costo para las arcas nacionales podría rondar los 2,5 billones de pesos.
Por esa razón, la estrategia oficial consiste en alcanzar una solución negociada que permita desactivar la vía judicial. El Gobierno analiza mecanismos legales para garantizar que los rectores suspendan las acciones ante los tribunales si se concreta la transferencia de fondos acordada. La intención es cerrar el conflicto por consenso antes de que exista una resolución definitiva del máximo tribunal.
Sin embargo, el punto judicial se convirtió en el principal obstáculo. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos sectores universitarios consideran que retirar la demanda implicaría renunciar al reclamo por la aplicación integral de una ley vigente. Varios rectores y dirigentes académicos calificaron la condición como inaceptable y sostienen que la propuesta económica no compensa completamente las pérdidas acumuladas por salarios y presupuesto durante los últimos años.
El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno. Las universidades denuncian una caída significativa de los recursos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes desde 2023. Al mismo tiempo, gremios y estudiantes mantienen medidas de protesta y esperan una definición judicial sobre la vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La ley en discusión fue aprobada por el Congreso con el objetivo de actualizar automáticamente partidas presupuestarias, salarios y becas de acuerdo con la inflación. Aunque el presidente Javier Milei la vetó, el Parlamento ratificó la norma y posteriormente la Justicia dictó fallos favorables a los reclamos universitarios, situación que derivó en la actual disputa judicial que hoy se encuentra a la espera de una resolución de la Corte Suprema.
Por ahora, las conversaciones continúan abiertas. Mientras el Gobierno intenta evitar un fallo que complique sus cuentas fiscales y cerrar un conflicto político de alto impacto, las universidades insisten en que cualquier entendimiento debe garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
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