Luego de su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención de su extitular Diego Spagnuolo por las supuestas irregularidades en la entidad.
La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo y se produjo luego de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento del exfuncionario y de otros 18 imputados en la investigación por presuntas maniobras vinculadas con contrataciones públicas y el pago de sobornos.
Dalbón fundamentó su solicitud en nuevos elementos incorporados al expediente, entre ellos informes y auditorías que habrían detectado diferencias significativas de precios, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones de productos que no coincidían con los adjudicados.
Según el planteo, esas circunstancias no representarían hechos aislados y estarían vinculadas con distintas operaciones, proveedores y modalidades de contratación realizadas durante la gestión de Spagnuolo al frente de ANDIS.
El abogado también argumentó que existiría riesgo de entorpecimiento de la investigación, al considerar la posibilidad de destrucción, ocultamiento o modificación de elementos de prueba o una eventual influencia sobre testigos y peritos.
Asimismo, pidió que la Justicia evalúe un posible riesgo de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones y la dimensión económica de las maniobras investigadas.
Cabe señalar que, el 22 de septiembre, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico sostuvieron que existen elementos para investigar una estructura que habría manipulado contrataciones dentro de ANDIS, mediante selección irregular de proveedores, simulación de competencia y mayores costos en compras realizadas por el organismo.
A su vez, el exfuncionario está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita y también por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración pública y cohecho pasivo.
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